Cada organización protege a sus cooperantes y a los voluntarios solidarios con un seguro, que puede ser el que ofrece el Gobierno, algunas comunidades autónomas o contratar el que considere más adecuado, teniendo en cuenta la labor que realiza en ese país, según han explicado varias ONG consultadas.
La mitad de los cooperantes tienen cobertura del seguro colectivo de previsión social, financiado por el Gobierno y las principales ONG, al que se pueden acoger de forma voluntaria.
En España hay en torno a 1.500 cooperantes trabajando en el mundo, profesionales que el Estatuto del Cooperante define como "aquellas personas físicas que participan en la ejecución, sobre el terreno, de un determinado instrumento de cooperación internacional para el desarrollo o de ayuda humanitaria".
La mayoría de estos seguros cubren los siniestros o incidencias ocurridas durante el desarrollo de su trabajo en el extranjero e indemnizan en caso de incapacidad permanente, gran invalidez, fallecimiento o daños físicos y psíquicos, ocasionados por un accidente, ataque o secuestro.
Sobre el terreno, las organizaciones evalúan continuamente el grado de peligrosidad al que están sometidos en sus labores humanitarias.
"Desarrollamos coberturas de riesgo, al final del día hacemos un balance de análisis de riesgo al que estamos expuestos y si éste es aceptable, en función de lo vital que pueda ser la acción que estamos desarrollando en un momento específico", explica a Efe el director de operaciones de Médicos sin Fronteras (MSF), Joan Tubau.
Para las ONG del ámbito sanitario, son distintos los criterios que utilizan para realizar la valoración del peligro que corren sus cooperantes porque "suele determinarse de acuerdo con el impacto de la asistencia" que están prestando muchas veces en países donde hay conflictos armados.
"La decisión sobre ese riesgo puede ser diferente si lo que vamos a hacer es una entrega de material de salud primaria o si es para un anestesista que está atendiendo a víctimas de un enfrentamiento armado", asegura el responsable de MSF.
No obstante, una vez determinada el grado de peligrosidad, "corresponde a cada uno, de forma particular, asumirlo o no".
"Evidentemente las embajadas son una fuente de información y por tanto las recomendaciones que hacen tiene una fiabilidad que tenemos muy en consideración a la hora de decidir cómo modificar los mecanismos de seguridad", señala.
Esta organización ha vivido situaciones de secuestro, la más reciente en Somalia donde fueron retenidas durante una semana dos de sus trabajadoras, Mercedes García y Pilar Bauza, liberadas en enero de 2008.
"Nosotros no consideramos el pago de un rescate, no entra dentro de la gestión de la seguridad de nuestro personal", ha dicho Tubau, porque opina que "pagar significa crear un precedente por el que nuestras operaciones difícilmente volverían a ser las mismas".
Para el responsable de operaciones de MSF, la clave de la liberación está en la interlocución.
"Nos esforzamos a diestro y siniestro en el día a día de la acción, en la interlocución con las sociedades para las que trabajamos, con nuestros pacientes, con los diferentes grupos políticos y académicos, con las sociedades y con los actores armados implantados en las zonas donde trabajamos, les reiteramos la mentalidad de nuestra acción y su naturaleza humanitaria; es nuestro modus operandi", indica.
Desde la Coordinadora de ONG de desarrollo (CONGDE), Alberto de Castro indica que, en general, las ONG "cuando hay avisos de seguridad de cualquier embajada seguimos los procedimientos y el que no lo haga es un imprudente".
A su juicio, la zona en la que fueron secuestrados los tres cooperantes "era un vía bastante segura" y sobre la que no existía aviso de seguridad.
"Es un sitio jugoso para los delincuentes que practican robos por la carga que llevaban, pero no para un secuestro político", explica el vocal de la ejecutiva de la CONGDE, que ha trabajado en Cruz Roja Española, aunque admite que "el peligro" te puede sorprender en cualquier sitio aparentemente seguro.