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La presión migratoria en el puerto de Arguineguínpresión migratoria puerto de Arguineguín, en Mogán, Canarias, continúa acentuándose y el polémico desalojo de más de 200 inmigrantes en el día de ayer ha terminado de agitar la polémica generando un aluvión de reproches y acusaciones entre los distintos representantes políticos, con PP, Ciudadanos y Coalición Canaria cargando duramente contra la gestión del Gobierno de España, pidiendo incluso la dimisión del ministro de Interior, Fernando-Grande Marlaska.
El socialista ya ha dicho que no piensa dimitir, al tiempo en que ha anunciado una investigación sobre lo ocurrido. Interior dice que solo pueden repatriar a pequeños grupos, y debido a la pandemia hay pocos vuelos y las fronteras están cerradas.
Mientras, desde el PP le señalan: “Es un chollo para las mafias que trafican con inmigrantes. Váyase, señor ministro”, exigía Ana Belén Vázquez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.
Pero también desde la coalición han llegado las críticas, porque desde la filial de Podemos en Canarias también pedían su dimisión, algo que ha sido no obstante desautorizado por su dirección en Madrid.
200 inmigrantes han sido alojados en el campamento militar de Barranco Seco, pero por ahora no caben más hasta que Defensa habilite más plazas.
“Es lamentable. Creo que las instituciones se han visto sobrepasadas por la llegada masiva de toda esta gente a las costas canarias”, denuncia el abogado Carlos Da Mata.
En el muelle quedan más de 2.000 personas. Duermen en el suelo, hacinados.
En tres meses han llegado a las costas Canarias 16.000 personas. 6.000 de ellos permanecen en 18 hoteles, como el grupo liberado ayer por sorpresa. Iban a dejarlos en la calle, pero finalmente Cruz Roja los llevo a hoteles.
Las autoridades canarias repiten que esa no es la solución: “Necesitamos que se pongan ya a disposición el resto de las instalaciones militares”, reclama Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán.
Muchos son jóvenes marroquíes. Con la caída del turismo se quedan sin trabajo y las mafias los traen a España.
“No tengo nada, solo mi teléfono móvil”, afirman ante las cámaras.
La situación es muy compleja, y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que tampoco estaba informado del desalojo que se produjo ayer, teme las consecuencias que pueda haber en las calles:
“Había personas que les increpaban y personas que les daban de comer”, ha manifestado.