Casos como el de Carles Recio, jefe de la Unidad de Actuación Bibliográfica de la Diputación de Valencia se suman a otros como el ocurrido en Cádiz, cuando las rencillas políticas sacaron a la luz un comportamiento similar. O también en la capital del Turia, el escándalo de ver a funcionarios fichar a primera hora de la mañana con su huella para salir corriendo a atender sus asuntos personales. Sin olvidarnos de los dos empleados públicos y sindicalistas del ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Cádiz, expedientados por no acudir a su puesto durante quince años.
En todas estas situaciones, nunca hubo constancia de comunicación formal oficial por parte de sus superiores de las ausencias. Nadie vigilaba que estos funcionarios estuviesen a su hora en su puesto de trabajo y que lo estuviesen siempre. Fallaron todos los controles.
Algo tendrá que ver en esta dejadez el que la Administración entrase de lleno a ocuparse de la justificación de ausencias a través de la nueva Regulación de la Jornada de Trabajo en el Ámbito de la Administración General del Estado publicada el 28 de diciembre de 2012. En este documento se abordan por primera vez cuestiones sobre el control de horarios y absentismo de los funcionarios que hasta la fecha no se habían hecho. La más significativa de estas ausencias ha sido la existencia de sistemas de control operativos y en perfecto funcionamiento.
Disparidad de sistemas de control en la Administración
La Administración Pública estatal no tiene un único sistema de control de sus funcionarios. Ni siquiera sus diferentes departamentos comparten programas o equipos homologables entre sí. Cada ministerio usa el suyo propio.
El más empleado es el fichaje mediante uso de tarjetas personalizadas. Este método se alterna con el control de acceso con tornos. Esta fórmula suele ser la más fiable pero también la más criticada por los sindicatos por los riesgos que conlleva ante situaciones de riesgo.
Los avances tecnológicos han permitido la implantación de sistemas de control biométricos como el uso de la huella dactilar, dispositivos que empiezan a gozar de mayor presencia en los centros de trabajo públicos.
En algunas unidades de la Administración, los intentos por reducir el absentismo han llevado a la instalación de cámaras de control. Esta medida, la menos usada, ha chocado con la oposición frontal de los sindicatos que la han recurrido ante los tribunales.
A pesar de ello, los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística sobre absentismo laboral en España sitúan la tasa que afecta al colectivo de los servidores públicos por encima del 3 por ciento, ligeramente superior al del sector privado. Y nada hace pensar que esta tendencia vaya a cambiar.
Sin datos sobre expedientes abiertos
Frente a este hecho ni la Administración ni los sindicatos abordan con transparencia el número de funcionarios afectados por expedientes disciplinarios como consecuencia de ausencias no justificadas a sus puestos de trabajo.
Un control que la regulación de diciembre de 2012 otorga de forma taxativa al responsable de la unidad al que obliga a comunicar inmediatamente cualquier “ausencia, falta de puntualidad y de permanencia del personal en su puesto de trabajo, cualquiera que sea su causa”.
Administración y sindicatos se han sentado a negociar desde hace meses entre otros asuntos el desarrollo de una Ley de Función Pública a la que acompañaría un sistema para evaluar a los trabajadores públicos. Con estas herramientas se busca poder medir el buen desempeño de estos asalariados en todas sus facetas.
Un proceso negociador que no solo beneficiará a los poco más de dos millones y medio de trabajadores públicos sino también a esos otros casi quinientos mil ocupados que, según la EPA habría que añadir y que se consideran también funcionarios.