El subdirector provincial de Urbanismo del Gobierno de Aragón, Carlos Martín Rafecas, ha sido el primero de declarar, durante más de dos horas, y a su término ha asegurado que tiene la "conciencia muy tranquila", porque lleva 30 años en la Administración Pública y nunca ha tenido "ningún problema en absoluto".
El juez Lajusticia no le ha comunicado ninguna notificación sobre su situación procesal y le ha dicho que se podía marchar y que si le necesitaba o le quería comunicar algo ya le avisaría, ha explicado su abogado, Jesús García Huici.
El segundo en declarar, durante más de una hora, ha sido Fernando Della-Casa Dulanto, secretario en el Consistorio de Cuarte de Huerva (Zaragoza) y asesor legal del de La Muela, quien ha precisado que ha comparecido ante el juez "en condición de abogado particular y no de funcionario público".
Ambos están imputados en la trama, que investiga Alfredo Lajusticia desde hace más de un año a raíz de una denuncia particular a la Policía Nacional, por un presunto delito de uso de información privilegiada.
La última en prestar declaración hoy ha sido la auxiliar de policía local Naila U.U., imputada por un presunto delito de prevaricación, quien ha abandonado el juzgado en un coche de alta gama a gran velocidad.
La presunta trama de corrupción de La Muela fue destapada el 18 de marzo, cuando el juez ordenó la detención de 17 personas en la citada localidad, además de en Zaragoza, Madrid y San Sebastián, entre ellos el marido y un hijo de la alcaldesa, y un primo de ésta.
Tres de las personas detenidas fueron enviadas a prisión, la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, del Partido Aragonés (PAR); el concejal Juan Carlos Rodrigo, y el empresario José Carlos Fernández Delgado; otra quedó en libertad bajo fianza de 120.000 euros y trece en libertad con cargos.
Precisamente, la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, encarcelada desde la madrugada del pasado día 23, ha enviado una carta manuscrita al diario Heraldo de Aragón en la que se declara "inocente" de los nueve delitos que le imputa el juez (entre otros cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales públicos o exacciones ilegales) y vaticina que le queda una "travesía" para demostrar "una vez más" su "inocencia".
Se considera una víctima política y sostiene que "han intentado borrarme de la escena política en varias ocasiones, a veces de la mano con la prensa", aunque "llegaban las elecciones y los vecinos volvían a depositar su confianza en las urnas".
Dice que espera tener "suficientes fuerzas" para soportar lo que está viviendo e insiste en que se ha "dejado la piel" por su pueblo, por hacerlo "lo mejor posible" y por eso espera "tener tiempo para hablar" y para poner "las cosas en su sitio".
Pinilla, además, niega su afiliación al PAR y llega a asegurar que en los últimos diez años "no podrán demostrarme afiliación alguna; ni siquiera un recibo".
Sobre este asunto, el presidente del Comité Intercomarcal del PAR en Zaragoza, José Antonio Sanmiguel, ha dicho a EFE que la alcaldesa está afiliada al partido desde agosto de 1991 y que desde entonces no se han dado ninguna de las causas que establecen los estatutos del partido para dar de baja a un militante: fallecimiento, a petición propia y por escrito, o como consecuencia de un expediente disciplinario que conlleve la expulsión.
El partido, ha insistido, "no puede dar de baja a nadie de oficio" y, aunque después de que se descubriera la presunta trama y la implicación de la alcaldesa se le abrió un expediente que tramita la Comisión de Garantías, éste aún no ha sido resuelto.
Tras su carta, San Miguel considera que se deberá decidir si se opta por darla de baja automáticamente como militante, ya que ella misma, con "su propio puño y letra", no se considera miembro del partido, o continuar con el expediente disciplinario que se le ha abierto.
En una rueda de prensa conjunta, la Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR), la Coordinadora de Afectados por los Grandes Embalses y Trasvases (COAGRET), Ecología y Desarrollo, Ecologistas en Acción y la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) han instado al Gobierno aragonés a establecer una gestora en La Muela y han pedido al PAR que solicite la devolución de las actas de concejales a la alcaldesa y al edil encarcelados.
Por su parte, Chunta Aragonesista (CHA) ha anunciado hoy que pedirá la comparecencia urgente del presidente Marcelino Iglesias, por las responsabilidades del Ejecutivo autonómico al respaldar con sus autorizaciones las actuaciones llevadas a cabo en La Muela (Zaragoza).