España no remonta el drama de los desahucios. En el último año, se llevaron a cabo hasta 60.754 y pese a que el primer trimestre de 2018 invitaba a pensar que la situación podía mejorar, de acuerdo a los últimos datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial en su informe ‘Efectos de la crisis económicas en los órganos judiciales’, el segundo, –el correspondiente a los meses de abril a junio–, ha roto cuatro trimestres de reducciones interanuales con un aumento del 1,7%.
Según precisa el CGPJ, ello se debe fundamentalmente al incremento del 6,1% que han experimentado los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Concretamente, 10.491 desahucios se produjeron por impago de alquiler, lo que se traduce en un 61,2% del total de los efectuados en ese trimestre. El resto, deriva de las ejecuciones hipotecarias (33,1%) y un 5,7% es “relativo a otras causas”.
En este ranking que ninguna comunidad autónoma desea encabezar, Cataluña, Andalucía y Valencia, por delante de Madrid, son las que, en este orden, registran mayor cantidad de desahucios en el segundo trimestre. No obstante, si nos fijamos solo en los practicados por procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la capital escala posiciones para situarse en segundo lugar.
Fuera de la estadística queda la realidad de un drama que afecta a miles de familias cada año. Familias que ahogadas por las circunstancias socioeconómicas ven cómo, por requerimiento judicial, una comitiva se presenta en la puerta de sus casas para efectuar su desalojo.
El último caso lo hemos conocido en Chamberí y ha vuelto a escenificar con toda crudeza la situación. Aquí, en el distrito madrileño, una mujer de 65 años se ha suicidado tirándose por la ventana de un quinto piso cuando la comisión judicial destinada a efectuar su desahucio, acompañada por agentes la Policía Municipal, se presentó ante la puerta de su domicilio.
La mujer no contestó a las llamadas ni abrió la puerta: se arrojó al vacío. Cuando los servicios de emergencia la encontraron, estaba en parada cardiorrespiratoria sobre el suelo del número 1 de la madrileña calle Ramiro II. Nada pudieron hacer por salvar su vida.
La mujer llevaba cuatro años de alquiler y una empresa le había subido el precio de la renta de la vivienda.