En España las personas con discapacidad son 3.800.000 millones. Sin embargo, la plena inclusión laboral de las personas con discapacidad no se producirá hasta 2249, según recientes estudios, que asegura que un 64,8% de las personas con discapacidad en edad laboral no tiene empleo ni lo busca, frente al 22% de la población sin discapacidad.
Con pasos más lentos de los deseados por las diferentes asociaciones, la minoría más amplia del mundo, según la ONU, van ganando derechos. La más reciente, la reforma de la ley electoral española que permite a todas las personas con discapacidad ejercer su derecho al voto. Hasta ahora, 100.000 estaban excluidas por sentencia judicial.
Eliminar la esterilización forzosa
Este 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad, el presidente del Comité Estatal de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, recuerda la próxima batalla será eliminar la esterilización forzosa no consentida de personas con discapacidad, en su mayoría mujeres, que es una de las cuestiones sobre las que Naciones Unidas ha llamado la atención a España.
Otra de las "grandes cuestiones" aún por resolver, según Pérez Bueno es lograr que las personas con discapacidad consigan la accesibilidad universal. El 4 de diciembre de 2017 terminó el plazo para que en España fueran accesibles todos los espacios públicos, bienes y servicios a las personas con discapacidad. Un año después, este colectivo sigue esperando.
La ONU ha subrayado que el sistema educativo español, "segrega y excluye" a los alumnos con discapacidad, principalmente a aquellos con discapacidad intelectual, en el sistema general, tal y como recoge en un informe publicado el pasado mes de junio.
Las cifras oficiales reflejan un alto grado de matriculación de alumnos con discapacidad intelectual en el sistema ordinario, pero para Naciones Unidas se produce la exclusión, vulnerándose así el artículo 24 de la Convención sobre el derecho a la educación, al mantener estructuras y dispositivos "segregadores y discriminatorios", incompatibles con este tratado internacional de obligado cumplimiento para los Estados firmantes.
El documento de la ONU refleja que en España no se toma en cuenta al niño como sujeto de derecho ni se tiene en consideración su opinión y advierte de que existen casos en los que se obliga a los padres a cambiar al niño de centro cada año o incluso llevarlos a dos escuelas diferentes en función del día de la semana.