Una trabajadora social denunció la pasada semana ante la Guardia Civil, que tras las informaciones que manejaba el colegio de la niña de 10 años, existía la sospecha de que hubiera sido obligada a prostituirse.
Hecha la denuncia, el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid ordenó sacar a la niña del domicilio en la localidad de Peñafiel, donde vive con sus padres, hermanos, tío y primos y llevarla, para su acogida, a un centro de menores hasta esclarecer si los hechos son ciertos.
La Guardia Civil se personó en la vivienda familiar la semana pasada para llevarse a la menor y tomar declaración a algunos familiares. La familia ha negado los hechos denunciados pero la investigación sigue abierta con más testificales y la práctica de otras pruebas, entre ellas la psicológica y forense sobre la supuesta víctima.