Su nombre es Mónica Morales, es sorda y lleva más de dos meses luchando para poder estudiar con un intérprete de lenguaje de signos en el Instituto Politécnico de Mondragón, en Guipúzcoa, donde desde septiembre aborda el primer curso de FP del Grado Superior de Programación de la Producción en Fabricación Mecánica.
Nada más preinscribirse, la riojana solicitó al Gobierno Vasco que le facilitaran el intérprete LSE para poder entender las clases, pero Mónica todavía sigue esperando, porque la única solución que le dieron fue que renunciase a estudiar en la Escuela Politécnica Superior de Mondragón, un centro concertado, y en su lugar fuese al instituto público de Bergara, una alternativa que, como denuncia Mónica desde la página ‘Intérprete LSE Mondragón’, “no respeta su derecho a escoger centro de estudios”.
Siente que es “la única estudiante sorda de Euskadi discriminada”, recalcando que “hay otras personas estudiando grado superior y bachillerato en institutos concertados con intérprete”.
Mientras, el Gobierno Vasco y el Instituto Politécnico de Mondragón delegan responsabilidades de una institución a otra. Es decir, el Departamento de Educación considera que quien debe contratar personal especial de apoyo es el centro concertado, al tiempo en que este último señala al Gobierno autonómico, como informa el Diario Vasco.
En plena pugna, Mónica lleva ya “dos largos meses sin el recurso imprescindible”. “Me encuentro agobiada, dolida, discriminada”, cuenta en un vídeo publicado en Facebook, en el que expresa su “desmotivación” a pesar del esfuerzo que realiza por intentar estudiar lo que le apasiona. “Pierdo el 80% de la información que se da en clase”, lamenta, dando gracias “de corazón” a todos sus compañeros y profesores, a los que recurre cuando lee la teoría y no entiende algo.
El problema, explica, es que a medida que transcurren las clases, a diferencia de sus compañeros, va “muy atrasada”. “Cada día me esfuerzo para mantenerme informada porque no dispongo de intérprete LSE. Estuve bastante tiempo escribiendo correos a las instituciones educativas para solicitar ayuda, pero no tuve respuesta alguna. Nada. No atendieron mi problema” cuenta, confesándose “disgustada” y “harta”. “Ya no soporto más esa situación”, denuncia, clamando que no se prolongue y pidiendo una solución ya: “Esta es mi protesta y continuaré luchando”, asevera, pidiendo que su causa se extienda por las redes sociales con el objetivo de que hagan caso a su ruego.
Con ese mismo propósito, Mónica también llenó el instituto de carteles dando a conocer su caso, al tiempo en que se presentó ante el Ararteko, el Defensor del Pueblo de Euskadi para denunciarlo.