Rosa Peral será su propia abogada tras graduarse en Derecho desde prisión: "Tiene capacidad para pedir permisos o traslados de módulo"

La condenada por el conocido 'crimen de la Guardia Urbana', cuya abogada renunció en mayo, puede realizar escritos penitenciarios
El comunicado con el que la abogada de Rosa Peral renuncia a su defensa en todos los procesos: "Encontrará la justicia que toda ciudadana merece"
Rosa Peral, condenada a 25 años de prisión como coautora del conocido como 'crimen de la Guardia Urbana' junto a Albert López, que fue condenado a 20 años, ha conseguido graduarse en Derecho desde prisión y ahora quiere reinventarse profesionalmente.
Peral, nacida en 1983, lleva nueve años en la cárcel y ha pasado por seis centros penitenciarios distintos debido a problemas de comportamiento. Su último traslado fue el pasado mes de abril a la cárcel de Brians 1, donde ya había cumplido parte de su condena.
En mayo, Núria González, la que hasta entonces había sido su abogada, renunció a su representación judicial en todos los procesos. Algo que, según ha explicado el periodista de sucesos Alfonso Egea en ‘Vamos a ver’, casa ahora con haberse sacado la carrera de Derecho.
"Que sepa Derecho y ayude a otras reclusas puede llevarle grandes beneficios"
“Rosa Peral es desde ahora su propia abogada, tiene capacidad o conocimientos jurídicos suficientes para realizar escritos dentro de lo que sería el derecho penitenciario, tales como solicitudes de permiso, cambios de grado o incluso traslado”, ha señalado Egea.
Además, según el periodista, esa formación aporta un plus a la figura de Peral en prisión. “Tener a una compañera de módulo que sepa Derecho hace que pueda ayudar al resto de las reclusas que la acompañan. En la cárcel nada se hace por nada, así que podría tener grandes beneficios”, sostiene el especialista en sucesos.
Rosa Peral ingresó en prisión provisional el 16 de mayo de 2017, 15 días después de la muerte violenta de su entonces pareja, Pedro Rodríguez, asesinado con alevosía. Desde entonces, ha pasado por la prisión de Wad-Ras, en Barcelona; Brians 1, a la que regresó en abril, y Mas d'Enric.
Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) mantiene abierto un procedimiento por una presunta vulneración de derechos fundamentales, tras admitir un recurso contencioso-administrativo presentado por Peral contra la Dirección General de Asuntos Penitenciarios de la Generalitat. La reclusa denuncia que se le negó el acceso al acta en la que, según sostiene, Albert López habría admitido ser el “autor material” del crimen. En este contexto, la Sala Contenciosa Administrativa acordó abrir una pieza separada para tramitar la medida cautelarísima solicitada, consistente en conservar el acta de la Junta de Tratamiento del Centre Penitenciari Quatre Camins (Barcelona).
