Mientras el piso sigue estando habitado por esta familia vulnerable sin alternativa habitacional, está siendo anunciado como "ganga" por una inmobiliaria destinada al mercado británico
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Una mujer y sus tres hijos menores, de 8, 15 y 17 años, se enfrentan al desalojo inminente de su vivienda en la calle Ágata de Colonia Requena. La comisión judicial está citada para este jueves, 8 de octubre, a las 8 de la mañana, según han indicado los sindicatos de vivienda Carolines y Zona Norte.
La familia reside en el piso desde 2014. "La vivienda estaba vinculada inicialmente a un alquiler social del Banco Sabadell" que, posteriormente pasó a "Promontoria, vinculada al fondo Cerberus, y el contrato no habría sido renovado", aseguran desde los sindicatos.
Un procedimiento de desahucio que se inició con la vivienda habitada, mientras la empresa "VR Property, Alicante, vinculada comercialmente a VR Casas, ha anunciado el piso como "oportunidad de gran ganga", por 88.000 euros, destinada al mercado británico, ha indicado el Sindicat, que afirma que "la inmobiliaria ofrece, además, dos noches de hotel gratis a potenciales compradores que visiten propiedades con la agencia»
Fuentes sindicales denuncian que este caso no es único "se enmarca en una problemática de encarecimiento del precio de la vivienda en la Zona Norte por la actividad especulativa de este tipo de empresas, promovida y protegida por el propio gobierno de Barcala".
Estos sindicatos ya han denunciado en anteriores ocasiones que "los procesos de desahucio de familias que ocupaban viviendas procedentes del Banco Sabadell, posteriormente adquiridas por sociedades vinculadas a fondos de inversión como Cerberus y Promontoria, ante la inacción del gobierno local y estatal".
Paralización del desahucio
Con estos antecedentes, los sindicatos Carolines y Zona Norte han exigido "la paralización de este lanzamiento en virtud de la aplicación del decreto" aprobado este martes en el Consejo de Ministros, más teniendo en cuenta que la vivienda es "propiedad de una persona jurídica" y que la familia cuenta con el certificado de vulnerabilidad, no tiene alternativa habitacional y presentar ingresos inferiores al IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), índice de referencia en España para conceder ayudas, subsidios, becas y viviendas
Si no se atiende a estas peticiones y se procede al desahucio de la familia, los sindicatos han anunciado "una gran movilización para impedir este desahucio".