La policía ha conseguido liberar a una mujer obligada a ejercer la prostitución en el polígono Marconi. Una vez a salvo en una ONG, se pone en marcha una operación policial para detener a sus captores de la que hemos sido testigos, en exclusiva. Los proxenetas andan preguntando en varias organizaciones para recuperar a su presa y hay prisa para detenerlos. El jefe de grupo de la Unidad que lucha contra la Trata de seres humanos habla con la juez de guardia de Illescas (Toledo). Le explica la gravedad del caso, la urgencia, porque los proxenetas pueden destruir pruebas. Intenta convencerla de lo que ha sufrida la víctima de Trata. Le habla de cómo se sienten los agentes después de liberarla. Esa satisfacción por el deber cumplido y porque ante todo han salvado a un ser humano, una mujer a la que le han quitado la vida en ese “mercado” de mujeres que es Marconi. Con el atestado le envía a la juez la grabación de la extorsión en la que los delincuentes amenazan con cortar los dedos a los hijos de la víctima, o incluso con matarlos.
Pero la juez considera que hay un conflicto de competencias. Porque aunque la extorsión sucede en Illescas, la explotación sexual se produce en el polígono Marconi, en Madrid. Hasta allí llevaban a la mujer cada día, sometiéndola a un control tan insoportable que incluso tuvo que ejercer la prostitución embarazada. Y cuando dio a luz, la obligaron a abandonar al bebé. Tras una dura conversación y sin que la jueza abra el archivo del expediente para leerlo, traspasa la responsabilidad a Madrid. La operación se retrasa.
A pesar de las dificultades los policías, agotados, sin dormir durante la noche anterior cuando lograron el testimonio de la víctima tras sacarla del polígono Marconi con una treta, siguen trabajando. Insisten. El jefe de grupo se va al juzgado de Madrid con su atestado bajo el brazo. Una avanzadilla de agentes pertrechados con todo lo necesario para la entrada en la vivienda de los proxenetas, sale hacia el domicilio de Illescas.
Vigilan durante horas la vivienda, apostados en sus vehículos camuflados, buscando la sombra y evitando el contacto visual con los presuntos delincuentes. Se trata de una pareja, ella ecuatoriana divorciada con dos hijos, y su novio. Salen de casa para ir a la compra. Van con los niños. Momentos de tensión al creer que llevan alguna maleta. Y por fin vuelven a casa, de donde ya no saldrán hasta la noche.
El mandamiento judicial para entrar en la vivienda se retrasa. Seguimos esperando. El cansancio hace mella aunque los policías están acostumbrados a sufrir. No se quejan. Lo importante es detenerlos y conseguir las pruebas. Nada ni nadie se mueve en el adosado del número 4. Hasta que llega el permiso judicial, diez horas después.
A las 22:00 el sospechoso sale de la vivienda a hablar por teléfono. Le acompaña su perro. El dispositivo policial hasta ese momento oculto, aparece de pronto en la puerta del número cuatro. El presunto proxeneta está asustado. Le acaban de comunicar que van a entrar en su vivienda. Dice que no lo entiende y acompaña a los agentes a la verja de su casa. Desde ahí avisa a su pareja que apostada en la ventana pregunta.
La comitiva entra tras él. El secretario judicial comienza a tomar nota de todo cuanto acontece. Lo que dicen, lo que hacen y lo que encuentran. Lo primero poner a salvo a los dos hijos de la mujer acusada de proxenetismo y extorsión. Avisan a unos familiares. Los agentes lo hacen con toda la sensibilidad del mundo. No es plato de gusto.
La mujer se queja en insiste en que esa es su casa. Le piden que escuche y no se ponga nerviosa. Le dicen que la acusan de extorsionar y obligar a prostituirse a una mujer, la conoce bien, es ecuatoriana como ella. En su día fueron íntimas amigas. Se conocieron en el colegio de los niños. Hasta que consiguió que dejara al marido y a los niños, echando su vida a perder en clubes, y años más tarde en el polígono Marconi. La acusada insiste en su inocencia. Pero la policía tiene la declaración de la víctima, de su ex marido, y de otra buena amiga. La extorsionaron hasta que la familia pagó 100.000 euros creyendo que así la liberarían. Pero eso sólo hizo que aumentara su deuda y que la víctima pensara que prostituirse era la única solución para pagar. Una deuda que nadie entiende. Porque no le debe dinero a nadie. Aunque los dos presuntos proxenetas le han hecho creer que detrás hay una organización de albaneses que pueden matar a sus hijos sino paga.
Rebuscan en la basura. Sacan las bolsas y con guantes registran todo. Buscan una agenda azul en la que anotaban todos los servicios de la mujer prostituida y todo el dinero que les ha reportado. Y rastrean el dinero con los perros que olisquean hasta detrás de los retretes. La sospechosa no colabora mucho cuando le piden que abra una puerta cerrada con llave. No la tiene, explica. Y taladran. También abren los cajetines de la electricidad. El garaje, el vehículo…todo. El registro se alarga hasta las 5:00. Se los llevan detenidos y todavía, más de 40 horas después, los agentes de la UCRIF, no han terminado de trabajar.