La juez no aparecía ni por teléfono, ni en persona en el Juzgado de Verín donde es la única titular y por lo tanto no está especializada en Violencia de Género. Era 20 de abril y la Guardia Civil acababa de saber que el hospital se disponía a sacar de la Uci a Isabel porque había mejorado. Desde el 24 intentaron contactar con la magistrada aunque lo consiguieron cuatro días después. Es entonces cuando le presentaron las diligencias ampliatorias en las pedían a la que impidiera la salida de la UVI de la víctima para protegerla de su pareja, el sospechoso, al que pretendían tener controlado a través del teléfono. La juez no daba su brazo a torcer. “Si le detienen y no confiesa, lo pondrá en libertad”, espetó. La conversación con los investigadores fue surrealista. “Si ustedes quieren, pueden poner un guardia en la planta y lo vigilan” dijo. ¿Vigilar qué? Si usted no prohíbe la entrada del sospechoso al hospital, nosotros no podemos impedir que duerma a su lado. O que la remate. Esto no lo dijo el guardia, pero lo pensó.
El disciplinado agente le entregó sus diligencias y esperó la respuesta. En ese documento explicaba que Aniceto no recordaba ni dónde estaba la bata que se puso según dijo. La cama en la que dormía desde hacía dos horas antes no tenía ni una arruga. Las llaves de la casa con las que él mismo había cerrado antes de esconderlas en la cocina también le delataban. Porque el listo del ladrón las había encontrado para salir a toda velocidad tras golpear a Isabel con un martillo al que le habían limpiado las huellas del mango pero no la sangre de la cabeza. Y la mayor de las mentiras. Aniceto dijo que le despertaron los gritos de su mujer, pero criminalística analizó la escena y el forense confirmó las sospechas de que Isabel dormía plácidamente en el sofá cuando no tuvo tiempo ni de incorporarse, el martillo la dejó en coma.
Los investigadores tenían ya claro que el denunciante del un falso robo, Aniceto, había dado por muerta a Isabel cuando llamó a una ambulancia. Pero Isabel sólo estaba en coma y pronto podría hablar. Aunque no supiera qué le pasó con el tiempo lo descubriría. Además Aniceto no sabía qué le preguntaría la Guardia Civil. Era cuestión de tiempo que le cogieran. Pero todo esto no lo pensó la juez. Y contestó en un auto en estos términos.
“Me presentan meras conjeturas rebatibles que no van más allá de suposiciones del instructor de las diligencias. No hay que descartar que terceras personas accedieran a la vivienda y golpearan a Doña Isabel… Hoy por hoy no se cuenta con ningún indicio firme mas allá de las meras conclusiones fundadas en conjeturas, insuficientes para acordar medidas solicitadas…”
Lo que pasó después ya se sabe. Durante el tiempo que Isabel estuvo en la Uci, Aniceto estaba ido. La familia de ella pensaba que era el impacto de lo ocurrido, ahora entienden que estaba maquinando cómo salir de esta. Cuando Isabel fue trasladada a planta durante unos días estuvo vigilada en una habitación frente al control de enfermería. Dos días antes del asesinato la cambiaron a otra habitación por una infección. Y esa mañana el asesino que creyó haberla matado en el primer martillazo, remató su faena con un cuchillo. Ya a la desesperada.
Una muerte evitable para la familia de la víctima si se hubiera aplicado la Ley de Violencia de Género, esa que invierte la carga de la prueba y que provoca que con menos indicios de los que se tenían contra Aniceto, los maltratadores sean detenidos, alejados o encarcelados. Esa Ley que algunas veces (pocas) se usa para vengarse y que cuando eso ocurre, decimos que la discriminación positiva en este caso es necesaria. Esa Ley llena de instrumentos para proteger, esta vez no ha sido utilizada.
La familia de Isabel se plantea denunciar a la juez por negligencia. Sería la fórmula para que el Consejo General del Poder Judicial investigara si hubo falta de pericia, o un error. De momento el magistrado del CGPJ, controlador de este tipo de actuaciones, no ha movido un dedo contra su compañera.