Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

La CNMC cierra el expediente de 2009 a las eléctricas tras anular la Justicia multas por 61 millones

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha cerrado el expediente de vigilancia abierto en 2009 por la extinta Comisión Nacional de Competencia (CNC) a las principales compañías eléctricas cuyas pesquisas dieron origen a una multa de 61 millones de euros, sanción que posteriormente fue anulada por la Audiencia Nacional.
En una resolución a la que ha tenido acceso Europa Press, el 'superregulador' declara el cierre de la vigilancia a las eléctricas tras constatar que la multa impuesta por la CNC en 2011 ha sido declarada nula por los tribunales, que han invalidado además "todo el procedimiento" llevado a cabo por la dirección de investigación de la anterior autoridad de Competencia.
En abril del año pasado, fuentes de la CNMC ya anunciaron que el 'superregulador' no recurriría la decisión de la Audiencia Nacional de anular la multa, entre otras cosas porque para ello habría de dirigirse al Supremo, que anteriormente había considerado que las inspecciones realizadas en la sede de la asociación sectorial Unesa no se ajustaban a Derecho.
La Audiencia, que coincidió con el Supremo en que las inspecciones realizadas en la sede de Unesa en noviembre de 2009 por parte de la CNC no estuvieron convenientemente motivadas, anuló unas multas que ascendían a 26 millones en el caso de Endesa y a 21,6 millones en el de Iberdrola, así como a 8,8 millones en el de Gas Natural Fenosa, a 1,4 millones en el de E.ON España (ahora Viesgo) y a 900.000 euros en el de Unesa.
Los tribunales consideraron que el objetivo de la investigación a las eléctricas era "verificar la existencia y el alcance de la posible coordinación en el seno de Unesa", sin más especificaciones, extremo que, al ser considerado "insuficiente", fue denunciado por la patronal eléctrica primero ante la Audiencia y posteriormente, en casación, ante el Supremo.
La asociación que aglutina a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP España había argumentado que la inspección supuso una infracción de los artículos 18 y 24 de la Constitución en relación al derecho a la inviolabilidad del domicilio y derecho al secreto tanto de las comunicaciones entre abogado y cliente como a la intimidad.
Además, la asociación consideró que, entre otras cosas, se produjeron infracciones de los artículos 18.2 de la Constitución, 40 de la Ley de Defensa de la Competencia y 13 del reglamento de la CNC, así como de la jurisprudencia dictada en interpretación de estos preceptos en materia de autorización de inspecciones domiciliarias.
LIBERALIZACIÓN DE 2009.
La sanción de 2011 de la CNC había sido impuesta en respuesta a un supuesto acuerdo entre las eléctricas para impedir a otras empresas, en un momento clave para la liberalización del suministro eléctrico como fue 2009, el acceso a información de los clientes.
En concreto, la CNC apelaba a la existencia de un acuerdo entre las empresas cuyo objetivo era "impedir, restringir o falsear la competencia en el mercado nacional de suministro de electricidad, en particular, al dificultar con su comportamiento la gestión de traspasos de clientes y la captación de los mismos por las comercializadoras independientes en un momento crítico para la competencia".
Fue esta premisa de Competencia la que llevó a su Dirección de Investigación a registrar los días 5 y 6 de noviembre de 2009 la sede de Unesa. Apenas diez día después, la patronal interpuso un recurso ante la CNC que acabó prosperando en los tribunales.