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Métodos bajo sospecha

Mario tiene diecisiete años pero lleva desde que tenía tres años de centro en centro. Su madre, alcohólica, no podía atenderle y la Comunidad de Madrid le tutela desde que era un bebé. Este joven, al borde ya de la mayoría de edad, acaba de escaparse del centro de menores de Picón en Paracuellos del Jarama, uno de los más cuestionados en el informe del Defensor del Pueblo.
En diciembre un chico marroquí se suicidó mientras estaba aislado, Mario vivió esa experiencia: "te tratan mal, te pegan y te gritan por todo no puedes ni reirte, siempre te vigilan, si hablas por teléfono o recibes una carta. Las educadores entran en el baño mientras te estás duchando y si protestas te mandan a la sala de reflexión unas horitas". Él se fugó hace una semana y no piensa volver por eso anda por la calle con miedo por si la policía le caza. Como todos los niños que están en estos centros infantiles no ha cometido delitos ni cumple condena, eso sí sufre algún trastorno producto del entorno difícil del que procede. No sabe lo que es una familia, ni un hogar, ni una vida normal y eso es lo que él más desearía.
El presidente de la Fundación O'Belem, Emilio Pinto, que gestiona cinco de estos centros niega el maltrato. Reconoce que a los chicos se les medica y que a veces se les aisla porque se trata de menores agresivos que a menudo hay que reducir: "Son muy agresivos, vienen de agredir, son muy peligrosos". Los educadores responden que no se trata de criminalizar sino de integrarles y recuperarles para la sociedad y eso no se logra a base de golpes. Según Manuel el tema se reduce a dinero: "Es más rentable no invertir en ellos y ganar ese dinero". Estos centros públicos de gestión privada están, segun denuncian los educadores, en manos no profesionales que se forran con su gestión.
Las comunidades entregan cada mes más de 3000 euros por cada niño a estas empresas, aparentemente sin ánimo de lucro, pero lo cierto es que lo social se ha convertido en un negocio rentable.

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