Podemos pacta con PSOE para pedir la prohibición de cortes de luz por pobreza sobrevenida

Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha recabado este martes el apoyo del PSOE, ERC, PNV y PDECat para presentar en el Pleno del Congreso un texto conjunto sobre la pobreza energética en la que se insta al Gobierno a prohibir los cortes de suministro energéticos a personas en situación de vulnerabilidad sin dirigirse a los servicios sociales.

La enmienda transaccional firmada por los grupos mencionados también llama a impulsar una "tarifa asequible y progresiva según los niveles de renta", que sería sufragada por las compañías eléctricas, la liquidación de los Costes de Transición a la Competencia (CTCs) --estimados en más de 3.500 millones de euros--, una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico y una específica del déficit de tarifa.

Asimismo, entre otras cuestiones, insta a modificar el IVA para aplicar tipos reducidos a electricidad, gas y agua, exige a las compañías a publicar trimestralmente el número de hogares que no pueden abonar las facturas energéticas y que se ven afectados por la interrupción del suministro.

"UN HONOR Y UN DOLOR"

Para Rafa Mayoral, de Unidos Podemos, defender la iniciativa "es un honor y a la vez un dolor" y ha pedido "hablar de la pobreza sin apellidos", sino desde "la violación del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos". "Ese es un enfoque que debe de defender cualquier demócrata", ha dicho.

Según los datos expuestos en su intervención, entre 5 y 7 millones de personas no pueden acceder a los suministros básicos y entre 7.000 y 10.000 personas pierden la vida cada año por dolencias derivadas de la pobreza energética.

"SE ACABÓ LA LEY DEL OESTE"

Mayoral ha denunciado el "fracaso del mal llamado bono social" y ha aludido a la "deuda con la sociedad civil" que tiene el Parlamento, pues han sido asociaciones y plataformas como la Alianza contra la Pobreza Energética, la PAH o Facua las que han denunciado estas cuestiones.

Además, el diputado de la coalición de izquierdas ha acusado a las empresas eléctricas de "violar sistemáticamente los derechos humanos en España realizando cortes a población vulnerable". A ellas ha dirigido un último mensaje: "Se acabó la ley del Oeste en nuestro país porque hay un Parlamento que no les va a dejar hacer lo que quieran con nuestra gente".

EL PSOE PIDE "UNA TREGUA INVERNAL"

Por parte del PSOE, Pilar Lucio ha señalado que la pobreza energética "es fruto de un modelo energético débil e injusto, y unas políticas insensibles con la población vulnerable". Lucio ha vuelto a pedir "una tregua invernal para los meses de noviembre a marzo" y ha reclamado una reforma "urgente" del bono social y una solución para evitar que sean los consumidores los que asuman las compensaciones no dictadas por el fallo del Tribunal Supremo.

Aun así, la dirigente socialista ha reprochado que la propuesta contemple una reducción del IVA, algo que supone, a su juicio, "un retroceso en la redistribución fiscal" y "rompería con la idea de imposición ambiental". En todo caso, ha anunciado que apoyarán la transaccional que ellos mismos han firmado para "aprovechar la fuerza parlamentaria" para considerar que esta problemática únicamente se resolverá "con voluntad política".

EL PP ANUNCIA SU ABSTENCIÓN

Guillermo Mariscal, del Partido Popular, ha justificado su negativa a apoyar la iniciativa en el escaso tiempo para poder analizar la propuesta, que, ha lamentado, no se ha querido negociar con ellos, pero también en la imposibilidad de poder aplicarlo.

Así, ha señalado que establecer una tarifa "está prohibido por la Directiva Europea", y que los mencionados CTC's están recurridos por el propio Gobierno del PP ante la UE. Asimismo, ha mostrado su sorpresa por la petición de la auditoría. "¿Cómo se piensan que se ha reducido el déficit tarifario?", se ha preguntado. Mariscal, en todo caso, ha anunciado la abstención de su grupo.

LA LEY CONTEMPLA CORTES DE ESTE TIPO, DICE C'S

Ciudadanos ha lamentado, a pesar de haber negociado, no haber llegado a un acuerdo, pero a través de su portavoz de Energía, Melisa Rodríguez, ha anunciado que lo alcanzarán cuando la iniciativa vuelva a la Cámara en forma de ley.

Durante su intervención, Rodríguez ha incidido en la necesidad de atender a la renta como criterio en el bono social y ha señalado que cualquier compañía puede hacer por ley un corte si hay un impago de seis meses. "Luego ya verá si quiere seguir el código de buenas prácticas. Pero lo dice la ley", ha dicho.

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