El TC desestima el recurso del PSOE contra el recorte a las renovables

Esta sentencia del Constitucional se une a un fallo del pasado mes de diciembre por parte del tribunal en el que daba la razón al Gobierno y desestimaba un recurso del Ejecutivo murciano contra varias disposiciones del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.

Sin embargo, al igual que en aquel fallo, la nueva sentencia incluye un voto particular del magistrado Juan Antonio Xiol Ríos, al que se adhieren dos miembros más del tribunal, en el que muestra su discrepancia con la fundamentación jurídica referida a la invocación de los principios de seguridad jurídica y confianza legítima respecto a la modificación del régimen de incentivos a las energías renovables.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Constitucional señala que se cumplieron los requisitos previstos en el artículo 86.1 CE, que habilita al Gobierno a legislar por decreto siempre y cuando resulte justificada de forma explícita la "extraordinaria y urgente necesidad" de las medidas aprobadas por esta vía.

En este sentido, indica que las razones que motivaron la aprobación de la norma de urgencia derivan de la "evolución expansiva de los costes del sistema eléctrico, unida a las consecuencias de la crisis económica y a la necesidad de adopción de una serie de medidas dirigidas a garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, mediante una revisión de su marco retributivo".

A este respecto, añade que el nuevo régimen jurídico y económico para las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de renovables, cogeneración y residuos se basa en la "percepción de los ingresos derivados de la participación en el mercado, con una retribución específica que permite la cobertura de los costes adicionales de estas instalaciones respecto de las del resto de tecnologías en el mercado, y les "permita competir en el mercado en nivel de igualdad con el resto de las tecnologías y obtener una rentabilidad razonable".

Además, la sentencia rechaza también la infracción del principio de seguridad jurídica y del principio de irretroactividad de las normas, ya que considera que "no estamos ante una norma incierta o falta de la indispensable claridad, pues cuenta con un contenido precio y unos efectos perfectamente determinados".