Cultura dice que los datos sobre piratería "no están contrastados" y destaca que 162 webs retiraron contenidos ilícitos

Además, añade que se trata de "un estudio estimativo de opinión encargado por parte interesada", que no ha sido remitido con antelación al Ministerio para poder analizarlo con rigor. En el informe de la Coalición de Creadores, que hace referencia a los datos de 2013, se señala que el 51 por ciento de los internautas admiten acceder a contenidos de forma ilegal y que el 84% de los contenidos digitales se consumen de forma ilegal, entre otras cuestiones.

En este punto, Cultura indica que, desde la puesta en marcha de la Sección Segunda de la CPI, en marzo de 2012, de las 406 solicitudes presentadas, se han resuelto expresamente 349 expedientes, es decir, un 85,96% del total de las solicitudes presentadas. Además, se han encontrado dos expedientes en fase avanzada de tramitación y 55 de ellos en fase de investigación previa (comprobaciones de identificación y verificación de las vulneraciones).

En la misma línea, precisa que se ha obtenido la retirada de contenidos por parte de un total de 162 webs, incluyendo entre éstas a 59 webs de enlaces. De esas 162 webs, 161 han retirado hasta ahora todos los contenidos identificados por la CPI que ofrecían ilícitamente y 23 han cesado por completo en su actividad.

En alguno de los procedimientos llevados a cabo, precisa que la resolución ha conllevado la retirada de miles de archivos con contenidos ilegales, y, por otro lado, el cese completo de actividad de estas 23 webs ha supuesto la desaparición en la Red "de una oferta ilegal que multiplica por miles el dato de retiradas aportado por La Coalición".

Por otro lado, el Ministerio señala que el objetivo de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual pasa por reforzar la protección de los derechos de autores en Internet al introducir una mejora sustancial en el procedimiento de la Comisión de Propiedad Intelectual.

Así, entre las medidas concretas que plantea el texto, figuran el impulso de la autoregulación y colaboración a anunciantes y proveedores de servicios de pago electrónico, con lo que se pretende estrangular económicamente a aquellas páginas web que incumplan el requerimiento de retirada de contenidos ilícitos, dado que se mantiene como último recurso la petición al juez de bloquear el acceso a la web.

También contempla la interposición de sanciones económicas --entre 30.000 y 300.000 euros-- a aquellas páginas que incumplan de forma reiterada los requerimientos de la Comisión; y la actuación directa de la Comisión de Propiedad Intelectual contra las webs de enlaces que localicen contenidos ilícitos ofrecidos de forma activa y no neutral, así como la creación de un tablón de edictos electrónicos para poder notificar a páginas web que están fuera de las fronteras españolas, que están alojando contenidos ofrecidos de forma ilegal.