Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

Amaiur rechaza que se desvinculen las pensiones del IPC para que no se pierda poder adquisitivo

El portavoz económico de Amaiur en el Congreso, Rafael Larreina, rechaza la intención del Gobierno de desvincular la revalorización de las pensiones del IPC, ya que eso supondrá una pérdida de poder adquisitivo para los jubilados, y plantea que para garantizar la sostenibilidad del sistema se trabaje por la vía de los ingresos, haciendo aportaciones desde los Presupuestos Generales del Estado a la Seguridad Social.
En declaraciones a los medios antes de la Junta de Portavoces del Congreso, Larreina ha advertido de que "desvincular las pensiones del IPC supone en el corto, el medio y el largo plazo reducir el poder adquisitivo de los pensionistas", lo que es "muy negativo". "Es importante que sigan vinculando al IPC porque la mayoría de las pensiones son reducidas y perder poder adquisitivo es impulsar a ese colectivo a un ambiente de mayor pobreza", ha dicho.
Por eso, aboga por que los fondos con los que se pagan las pensiones no vengan únicamente de las cotizaciones, sino que se vinculen con "el poder de recaudación fiscal de los Presupuestos", del mismo modo en que en épocas pasadas las cuentas públicas se han nutrido de fondos de la Seguridad Social par atender sus necesidades.
EL GOBIERNO BUSCA PRIVATIZAR EL SISTEMA
"Detrás de todos estos planteamientos está la intención del PP de privatizar las pensiones, de dar cancha a la banca, a las grandes aseguradores, que son las que hacen negocio con los fondos de pensiones y las necesidades de los pensionistas", ha añadido.
Finalmente, el diputado vasco ha criticado que en las consultas del Gobierno con los agentes sociales no se convoque a los sindicatos mayoritarios vascos, lo que hace que la reforma "carezca de legitimidad" en Euskadi, y ha reclamado que las pensiones se gestionen directamente desde el gobierno autonómico.