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(Ampl.) Hacienda, abierta a estudiar cambios en las medidas que penalizan la venta de viviendas usadas

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha asegurado que el Gobierno está dispuesto a escuchar las ideas de los grupos políticos sobre la penalización que ha introducido el Gobierno a la venta de viviendas usadas en la reforma fiscal.
Durante su participación en el Foro Cinco Días, Ferre ha respondido así al ser preguntado por la supresión de los coeficientes de abatimiento y la corrección por la evolución de los precios, dos medidas que, hasta ahora, permitían a los contribuyentes rebajar las plusvalías que obtenían de las ventas de estas casas y reducir así lo que tenían que pagar a Hacienda.
"La posición del Gobierno es escuchar las aportaciones de los grupos", ha señalado, tras asegurar que se analizarán con tranquilidad todas las enmiendas y se tomarán las decisiones que se consideren oportunas.
Ferre ha explicado que la medida se implantó cuando tenía sentido porque no había separación para las ganancias patrimoniales, en 1991, pero ahora es distorsionante porque hay un efecto muy brusco entre haber comprado una casa a finales de 1994 o pocos días después.
En cualquier caso, Ferre ha defendido la reforma fiscal y el momento de ponerla en marcha, puesto que la recuperación económica "ya se está produciendo" y la demanda interna necesita un impulso de este calibre.
El secretario de Estado ha repasado las grandes iniciativas de la reforma fiscal, que permitirán devolver a los contribuyentes unos 9.000 millones de euros y que impulsarán la actividad en un 0,55%. "Es el momento adecuado para una reforma así, bastante ambiciosa", ha señalado.
En concreto, ha considerado "potente" la rebaja fiscal para los ciudadanos con rentas inferiores a 30.000, más del 72% de contribuyentes. Para este grupo, la bajada de la carga fiscal superará el 23%, tal y como ha dicho, mientras que los que no llegan a 'mileuristas' dejarán de pagar IRPF.
Además, Ferre ha asegurado que la reforma hace una apuesta "decidida" por la familia, por los trabajadores por cuenta propia y por la potenciación del ahorro, para evitar uno de los grandes desequilibrios del país.
NO SUBIRÁN LOS INDIRECTOS.
Sin embargo, el Gobierno optó por no elevar la imposición indirecta y seguirá sin hacerlo, a pesar de que se lo pidan muchos organismos internacionales, para no poner obstáculos al consumo y a la recuperación económica.
En este sentido, Ferre ha asegurado que la recaudación del IVA está creciendo porque crece la actividad económica y también porque está aumentando la conciencia fiscal de gran parte de la sociedad. De hecho, ha avanzado que la recaudación rozará el 7% a final de año.
Por otro lado, ha defendido la labor del Gobierno en la lucha contra el fraude a pesar de las críticas sobre la falta de medidas dentro de la reforma, y ha recordado las medidas de 2012, como la limitación de efectivo, que está funcionando de forma "razonablemente bien".
Además, ha asegurado que se va a modificar la Ley General Tributaria, que no está "aparcada ni metida en un cajón" como dicen algunos, sino que está a la espera de los informes preceptivos que se requieren cuando se tocan elementos tan importantes como la protección de datos para publicar la lista de morosos.
SIN CAMBIOS EN IMPUESTOS AUTONÓMICOS.
Preguntado por si está dispuesto a tocar los impuestos autonómicos, Ferre ha recordado que la reforma de la financiación autonómica no está en la agenda del Gobierno en este momento por motivos políticos y económicos, por lo que no tiene sentido tocar estos tributos.
En cuanto a si se puede establecer un régimen particular para las empresas que actualizaron sus balances, el secretario de Estado ha mostrado la disposición del Gobierno a plantearse algo en este sentido. "Es entendible la preocupación. Veremos las enmiendas y decidiremos", ha dicho.
DEDUCCIONES FONDO DE COMERCIO.
Sobre el efecto del dictamen europeo sobre las deducciones por fondo de comercio en compras indirectas, Ferre ha admitido que el dictamen le ha resultado "sorprendente". "Yo pienso que no es ayuda de Estado", ha dicho.
A su parecer, esta medida no se diseñó para un grupo de empresas, sino para todos los contribuyentes y el Gobierno recurrirá el dictamen europeo porque no está de acuerdo con la decisión tomada.