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Andalucía pide al Gobierno una vía exprés para agilizar la recuperación de dinero de ayudas o cursos de formación

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha pedido al Gobierno central, en concreto al Ministerio de Justicia, que establezca un mecanismo o vía exprés que permita agilizar los procedimientos judiciales, en aras de poder recuperar el dinero presuntamente defraudado procedente de ayudas a empresas o por cursos de formación.
Montero, quien insistió en que la Junta va a poner "todos los medios necesarios" para recuperar "hasta el último euro que se haya defraudado por parte del defraudador", ha dejado claro que la Administración autonómica "es la primera que se ve incomodada por todas las garantías jurídicas y procesales que tienen los defraudadores o los que han hecho un uso indebido del dinero público, lo que perjudica la agilidad en la recuperación del dinero público".
Tras indicar que esas garantías jurídicas se dan tanto en casos como el de los presuntos ERE irregulares como en el de los cursos de formación y precisar que dichas garantías "no las pone la Junta sino que las obligan las leyes", Montero ha abogado por el establecimiento de un "consenso nacional general" con vistas a "dar más agilidad jurídica, una vía exprés, a todos aquellos procedimientos de reclamación de cantidades por presunto fraude o malversación".
Así, considera que "sería bueno establecer por parte del Ministerio de Justicia una vía extraordinaria o exprés en los tribunales para que no se eternicen las reclamaciones y se recupere el dinero a la mayor celeridad en los casos de fraude, pues al final vemos que las cantidades que se recuperan son pequeñas en relación con el dinero defraudado".
Montero propone una vía jurídica "mucho más ágil", ya que, de lo contrario, "se quedan en los tribunales meses y meses los procedimientos y luego vuelven a recurrir, en una cadena interminable que acaba con la paciencia de cualquiera, pero no de la Junta, que va ser intolerante ante la dejación o fraude que se quiera producir por parte de los que ya son condenados".
La consejera deja claro que esa lentitud "no es achacable a la eficacia de la Agencia Tributaria andaluza sino que viene por mecanismos legales a los que los defraudadores hacen uso para evadir el compromiso de devolver el dinero que se han llevado indebidamente". Reconoce que se trata de un procedimiento "tedioso y extraordinariamente complejo, y los defraudadores se agarran a cualquier mecanismo para hacer la reclamación que impida la recuperación efectiva del dinero".
MEDIDAS ADICIONALES
Asimismo, la consejera anunció una serie de medidas de refuerzo e intensificación del control para las entidades que reciben subvenciones y ayudas de la Junta, ya sean ayudas a empresas o entidades o para cursos de formación, y que se incorporarán en la nueva Ley de Presupuestos de 2015, en aras de un "riguroso control del dinero público".
Esas medidas adicionales a las que ya se venían efectuando se centran en reforzar los mecanismos de control sobre las empresas que reciben ayudas de la Junta a través de la capacidad inspectora propia, y para ello además propondrá a la Agencia Tributaria estatal un convenio de coordinación que permita "tener capacidad para hacer una inspección más exhaustiva para todas las entidades que reciben financiación de la Junta".
Además, se van a incluir medidas específica en los planes de inspección anual que perfecciones los mecanismos de supervisión sobre estas empresas; y se va a arbitrar un sistemas de compensación automática, de forma que "de oficio se retendrá a los beneficiarios de ayudas públicas las cuantías que adeudan a las administraciones públicas, en los casos de dificultad de cobro de las obligaciones establecidas; se va a hacer el cobro de oficio de las obligaciones de las ayudas recibidas y la Junta se cobrará esa obligación pendiente".
Asimismo, la Junta establecerá los mecanismos para que los beneficiarios de ayudas y subvenciones autoricen a la Administración para recabar cuanta información considere oportuna para "evaluar la capacidad económica y el cumplimiento de los requisitos en las convocatorias de ayudas".
"Es voluntad de la Junta seguir incorporando cuantos más controles mejor para cualquier entidad o particular que recibe dinero público, para garantizar que se cumple con los fines para los que están asignados", ha aseverado la consejera, quien ha recordado que ya en la Ley de Presupuestos de 2014 se empezaron a intensificar esos controles de forma muy clara a través de la regulación de las transferencias de financiación, "algo único en el Estado y que no tiene referencia normativa en otras comunidades autónomas"; y también con el refuerzo de la justificación de subvenciones de cualquier entidad que haya recibido dinero público de la Junta.
También ha recordado que ya el año pasado incorporó en la Ley de Subvenciones varias medidas, una en relación con el hecho de que, independientemente del departamento de la Junta que otorgue una subvención, si estaba pendiente la justificación de la partida presupuestaria, ningún otro departamento podía asignar una nueva ayuda a esa entidad. Ha agregado que "además están pilladas las facturas justificativas para evitar fraude en relación con la documentación que se presenta, para evitar hacer uso de la misma factura para otra justificación o subvenciones".
Ha agregado que se acometerá el control de éstas cuando termine el plazo de concesión de esas subvenciones a finales de año, cuando los organismos presenten la documentación de las subvenciones.
CURSOS DE FORMACIÓN
Montero por otro lado ha recordado, en materia de formación, el cambio del procedimiento fiscalizador de esa justificación de subvenciones, que ahora se hace "expediente por expediente, frente al muestreo de la justificación de esas subvenciones que se desarrolla en toda España, para poder acreditar que se cumple con todos los requisitos".
La consejera ha recordado la existencia de controles adicionales o la presentación próxima de la nueva Ley de Formación, que supondrá "un verdadero punto de inflexión", de forma que "se están extremando las medidas, de forma que se va a mirar hasta el último concepto y hasta la última factura para que se pueda comprobar que se ha cumplido con todas las garantías legales".
Por último, ha recordado que "el hecho de que en años anteriores se haya exonerado alguna actividad de formación para poder optar y concurrir a siguientes convocatorias de ayudas no exime ni implica en ningún caso que haya que justificar hasta el último euro de la subvención; el expediente sigue vivo y estará sujeto a los mismos controles que si la subvención se hubiera concedido este año, y se mirará con la normativa actual; y estarán obligados a justificar hasta el último euro y se reclamarán cantidades si fuera necesario".