CC.OO. y UGT anuncian marchas en toda España en defensa de las pensiones públicas

MADRID 28 (EUROPA PRESS)

Con esta medida quieren emplazar al Gobierno a reiniciar el diálogo social, suspendido desde 2016, y que rectifique revirtiendo los efectos de la reforma laboral de 2013. Las movilizaciones se iniciaran en las ciudades de Santander, Gijón, Málaga, Castellón y Santiago de Compostela, según han informado en rueda de prensa.

El motivo de esta movilización es que el Gobierno ha agotado todas las vías propuestas desde septiembre de 2016 para la revalorización de las pensiones. Estas propuestas lograron un amplio consenso parlamentario y culminó en una proposición de ley apoyada por todos los grupos parlamentarios salvo el PP y Ciudadanos.

Entre las medidas que proponen, destacan la derogación de la reforma laboral de 2013 y lograr el equilibrio financiero de las arcas de la Seguridad Social para que, de esta manera, salga del déficit presupuestario y permita una subida de las pensiones por encima del 0,25% actual.

El secretario de Política Social y Seguridad Social de CC.OO., Carlos Bravo, augura un "otoño caliente" en cuanto a movilizaciones y asegura que de no sentarse el Gobierno a dialogar con los sindicatos, esta será la primera de "muchas".

La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, ha señalado que están en contacto con todas las organizaciones sociales y que propondrán manifiestos para que sean suscritos por organizaciones y personalidades públicas con el fin de "forzar" al Gobierno.

En este sentido, el secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas UGT, Anatolio Díez, ha instado a los partidos políticos para que ejerzan presión sobre el Gobierno y ha reiterado que de no conseguirlo, serían los sindicatos los que "saldrían a la calle".

El secretario general de Jubilados y Pensionistas de CC.OO., Julián Gutiérrez, apunta al incremento del salario mínimo interprofesional para asegurar las pensiones. Califica la revalorización de las pensiones de "justicia social", advirtiendo de que son personas que han contribuido y contribuyen al Estado y están perdiendo poder adquisitivo.