La CIC denuncia en el Banco de España una posible prevaricación por no vigilar a las cajas en plena crisis

La Confederación Intersindical de Crédito (CIC) ha presentado este lunes en el Banco de España un escrito en el que aprecia un posible delito de prevaricación cometido por el organismo supervisor, al incumplir la Ley de Disciplina e Intervención que le obligaba a vigilar y sancionar a las cajas de ahorros durante la crisis económica.

La organización, presidida por Gonzalo Postigo, ha interpuesto este documento que se acompaña de un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que constata las "debilidades, incumplimientos y actuaciones incorrectas" cometidas por el Banco de España en el 'caso Bankia'; así como de un estudio de la CECA dando cuenta de la pérdida de más de 46.000 empleos en el sector de las cajas de ahorros desde 2009.

El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, está dirigido al gobernador Luis María Linde y al resto de miembros de la Comisión Ejecutiva y expone que la Ley sobre Disciplina e Intervención, vigente desde 1988 hasta 2014, contemplaba la potestad del Banco de España de imponer sanciones a las entidades que infringieran normas de carácter monetario o afectaran a su solvencia.

Sin embargo, la CIC advierte de que los responsables y directivos de las cajas que tuvieron que ser rescatadas y que, con su "ruinosa" gestión "quebraron" dichas entidades, no han sido inhabilitados y, en su lugar, "disfrutan de pensiones millonarias o siguen en sus puestos de responsabilidad".

"Consideramos un gran sarcasmo, que las dos únicas personas que han sido sancionadas con la inhabilitación hayan sido dos sacerdotes de Cajasur, por la aplicación de la Ley de Disciplina e Intervención. Ni tan siquiera fue inhabilitado el director general. Pero y ¿qué ha ocurrido con el resto de las Cajas que tuvieron que ser rescatadas?", se pregunta la CIC, para hacer referencia a los casos de Catalunya Caixa, Caixa Tarragona, Caja Inmaculada, las cajas gallegas, Caja Sol o Caja Segovia.

DEBER DE IR A ANTICORRUPCIÓN.

La CIC ha tenido constancia, según los datos que ha podido localizar, que las sanciones se han limitado a directivos de Cajasur y Caja Castilla-La Mancha, y concluye que la "falta de diligencia" de los órganos rectores del Banco de España, al menos, desde 2006, es constitutiva de un "posible delito de prevaricación por comisión u omisión". "Es nuestro deber trasladar toda la información que actualmente disponemos a la Fiscalía Anticorrupción por, si lo estima oportuno, abrir diligencias", indica en su escrito.

La CIC, personada en las causas seguidas en los tribunales sobre Bankia, Banca Cívica, Caja Segovia o Caja Inmaculada, pone de manifiesto que las actuaciones judiciales han reflejado que "desde los ejercicios de 2006 se han cometido actuaciones muy graves y graves en materia de gestión en el sector de las cajas de ahorro, que son punibles y cuya responsabilidad derivaría en materia penal, civil y administradores".

Recuerda que la propia Asociación de Inspectores del Banco de España puso de relieve ante el Ministerio de Economía en mayo de 2006 los "riesgos" que apreciaban en el sector financiero a través de las inspecciones 'in situ' que realizaban en las cajas.

La IGAE denunció igualmente que el supervisor bancario "incumplió" la normativa y "suavizó" las conclusiones de los inspectores que analizaron la situación de Bankia. "La labor del supervisor quizás podría haber sido más severa en el pasado, no permitiendo el crecimiento desorbitado, que dificultó e hizo ineficaces las medidas de reconducción del problema, y llevó a la situación conocida", remarcó en el informe entregado a Anticorrupción en 2013.