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El Congreso debate el martes las peticiones de PSOE, IU-ICV-CHA y ERC para devolver al Gobierno la nueva Ley de Consumo

El Pleno extraordinario del Congreso, que tendrá lugar este próximo martes, debatirá las peticiones de PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y ERC para que sea devuelto al Gobierno el texto presentado de la Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios, según informaron a Europa Press en fuentes parlamentarias.
Las tres formaciones presentaron sus respectivas enmiendas de totalidad a la ley que el Consejo de Ministros remitió a las Cortes el pasado mes de octubre y que el próximo martes habrá de ser presentada al Congreso por un miembro del Gobierno, presumiblemente la ministra de sanidad y Consumo, Ana Mato.
Se trata de un texto que, a juicio del Ejecutivo, introducirá en España "importantes reformas legislativas" en materia de protección de los derechos de los consumidores, ampliándolos y salvaguardando a los ciudadanos de prácticas abusivas.
FALTAN ELEMENTOS IMPORTANTES
La portavoz de Consumo del PSOE en el Congreso, Pilar Grande, considera que esta futura normativa es una de las "escasas iniciativas" del Gobierno en materia de protección de los consumidores y usuarios, a pesar de ser una materia de obligado cumplimiento, al haber una transposición de la Directiva 2011/83 UE.
"El problema es que, a pesar de que abre el principal texto normativo de protección de los consumidores y usuarios, el Gobierno no aprovecha la ocasión para regular elementos importantes para la defensa de los consumidores y usuarios", denuncia la parlamentaria canaria.
Por ejemplo, apunta a los mecanismos de reclamación, tanto individuales como colectivos, al resarcimiento de los daños ante las prácticas abusivas.
Igualmente, critica que el texto presentado por el Ejecutivo no presente mejoras en los servicios de atención al cliente, ni la protección frente al acoso comercial telefónico, o la articulación de procedimientos extrajudiciales frente al sobre endeudamiento.
A su juicio, se trata de aspectos que ayudarían a avanzar en las "necesarias reformas" para la protección de los consumidores y usuarios de España, como se está reclamando tanto desde los partidos políticos, como desde las organizaciones sociales, juristas y las principales asociaciones de consumidores y usuarios de España.
VA MÁS ALLÁ DE LO ESTIPULADO POR EUROPA
Mientras, los diputados de IU, José Luis Centella y Gaspar Llamazares, sellan la enmienda de devolución registrada en la Cámara Baja por la Izquierda Plural, en la que explican que el proyecto de Ley realiza una trasposición "en general muy ajustada" a la Directiva europea, incorporando "literalmente" el contenido de ésta en muchos de sus artículos, aunque también se regulan cuestiones que van más allá de lo exigido por Europa.
A su juicio, la modificación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y otras leyes complementarias debería servir para abordar, entre otros, los problemas, abusos y fraudes que sufren los consumidores en ámbitos como el sector del ahorro con el fraude de las preferentes, el hipotecario con las cláusulas suelo y los desahucios, o en servicios de telefonía o energía.
Según recuerda, recientemente se rechazó en la Cámara la toma en consideración de una proposición de Ley del PSOE que pretendía fortalecer las acciones colectivas para hacerlas más eficaces y útiles, frente a los abusos de las grandes empresas que desaniman al consumidor a reclamar.
"El voto en contra del PP fue justificado por su portavoz aludiendo al hecho de que, precisamente, iba a ser remitido a las Cortes el proyecto de Ley que nos ocupa y que no era de recibo introducir una modificación relativa a los derechos de los usuarios y consumidores cuando este Proyecto de Ley es el escenario legislativo más idóneo en el que abordar esta cuestión", ha remarcado.
Es más, sostiene que existe un consenso generalizado entre todos los grupos parlamentarios para mejorar un aspecto "esencial" en la protección de los derechos de los consumidores y usuarios, el de su acceso a la justicia y, en particular, la acción colectiva de los consumidores, un elemento contemplado en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
En su opinión, este proyecto de Ley "renuncia" a dar un papel "más relevante" a la tutela judicial colectiva de consumidores y usuarios, así como a abordar otras cuestiones de "gran relevancia" en el contexto actual de crisis económica y social, como a su juicio sucede con las denominadas 'cláusulas suelo' o de la necesidad de regular un procedimiento especial de insolvencia para los consumidores.
"Un proyecto de Ley como éste que modifica la norma más importante que afecta a los consumidores y usuarios, no puede obviar cuestiones tan fundamentales para abordar la delicada situación en que se encuentran millones de consumidores y usuarios en España", concluye IU-ICV-CHA en la argumentación de su enmienda.
NO TIENE EN CUENTA EL REPARTO COMPETENCIAL
Desde ERC, critican que el Gobierno haya redactado esta ley sin tener en cuenta el orden de distribución de competencias establecido por la Constitución española, y los estatutos de autonomía, ni tampoco sin "corregir la discriminación" lingüística que padecen los consumidores de territorios con lenguas oficiales distintas de la española.
Igualmente, sostienen que el propio Tribunal Constitucional ha reconocido en "numerosos pronunciamientos" que la existencia de una regulación europea no modifica el orden de distribución de competencias que se establece en las normas del denominado "bloque de constitucionalidad", especialmente en la propia Constitución y en los estatutos de autonomía.
Por ello, dice que sólo debe ser de aplicación en Cataluña la Ley de General para la Defensa de los Consumidores en aquellas materias que deben tener la consideración de 'básicas', de acuerdo con el actual marco de distribución de competencias y además, insiste en que debe ser la Generalitat catalana quien transponga las directivas sobre materias no básicas.
"El ámbito de decisión de la Generalitat queda enormemente reducido y se le impide en desarrollo de políticas propias sobre la materia", sentencia.