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El Congreso convalida la segregación de Adif en dos sociedades con el voto de PP y CiU

El Pleno del Congreso ha convalidado este miércoles el decreto ley de segregación del actual Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en dos sociedades, que se repartirán las funciones de la actual empresa: Adif Alta Velocidad construirá y explotará la red AVE y sus estaciones, mientras que Adif gestionará todas las vías e instalaciones de ferrocarril convencional.
La medida, que según la ministra de Fomento, Ana Pastor, es "la única forma de mantener y mejorar el servicio público" a la par que se permite al Estado "continuar con el esfuerzo inversor en infraestructuras que aún necesita el país", ha contado con el respaldo de PP y de CiU, que defiende la necesidad de avanzar hacia la liberalización ferroviaria.
Sin embargo, el resto de la oposición teme que la única intención del Ejecutivo sea acabar privatizando la parte más rentable del sector y acusa a Fomento de buscar "camuflar" la deuda de Adif y de poder incrementarla, sin que eso impacte en el déficit público. Así, PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y BNG han votado en contra del decreto. El PNV y Nueva Canarias (NC), por su parte, han optado por la abstención. Además, se ha rechazado tramitar el decreto como proyecto de ley.
REPARTO DE FUNCIONES
Tras la segregación, Adif Alta Velocidad 'heredará el grueso de la deuda de 13.000 millones de euros derivada de la inversión realizada hasta la fecha por la empresa en la construcción de las líneas de AVE y todos los negocios relacionados --estaciones, talleres y suministro de energía, entre otros--, aunque no podrá aumentar ni las dotaciones ni los gastos de personal. No obstante, la ministra Ana Pastor ha asegurado que esta nueva empresa seguirá ejecutando todas las líneas en construcción, que suman 2.000 kilómetros de red.
Por su parte, Adif deberá conservar y gestionar la red convencional y todas las estaciones y patrimonio asociado, para lo cual recibirá recursos del Estado, que sí computarán en la contabilidad nacional, aunque el Gobierno no prevé un "impacto significativo" en el déficit público.
La norma, que fue aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 13 de diciembre y está en vigor desde el 1 de enero, tiene tres objetivos: cumplir con una nueva normativa contable europea y evitar que el grueso de la deuda actual de Adif compute en el déficit público, preparar a la empresa para la apertura del sector de la alta velocidad ferroviaria a la competencia privada a partir de este año y facilitar la financiación del Administrador en los mercados.
CAMBIOS EN HIDROCARBUROS.
Por otra parte, el decreto ley incluye también una modificación de la Ley de Hidrocarburos para introducir la obligación de mantener de forma permanente unas reservas de emergencia de hidrocarburos un suministro equivalente a 61 días de consumo interno diario, o almacenar 90 días de importaciones netas diarias medias.
Además, el texto nombra expresamente a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) entidad central de almacenamiento de España, adecuando así la legislación nacional a las directivas comunitarias sobre este asunto.
Finalmente, el Gobierno también ha incluido en este decreto ley una modificación de la Ley General Presupuestaria para habilitar al Ministerio de Economía a autorizar operaciones de depósito a plazo y la colocación de fondos en cuentas tesoreras, ante la "inminente" decisión del Banco Central Europeo (BCE) de no retribuir o incluso penalizar el depósito de fondos de entidades públicas en los bancos centrales tras el cierre diario de operaciones.