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El Consejo General de Economistas realiza 14 propuestas para reformar el sistema de financiación autonómica

Propone definir el nivel de gasto necesario para atender los servicios transferidos
El Consejo General de Economistas (CGE) ha presentado este martes 14 propuestas para la "urgente" reforma que a su juicio necesita el sistema de financiación autonómica al ser "muy poco transparente".
El estudio del CGE, que analiza la estructura, el funcionamiento y los problemas del actual sistema de financiación de las comunidades autónomas, señala la necesidad de una reforma "urgente" del sistema al concluir que es "poco transparente y difícil de entender".
Estas características del sistema provocan "tensiones institucionales que no facilitan el debate y dificulta la corresponsabilidad fiscal". Por otra parte, el reparto de recursos que se hace entre las comunidades autónomas resulta "arbitrario" y "se altera el principio de ordinalidad".
Por ello, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, considera que "el Gobierno que salga elegido en los próximos comicios debería encarar con urgencia la reforma de la financiación autonómica, dado que las CCAA son las responsables de servicios fundamentales como la educación, la sanidad y los servicios sociales, que conforman la parte nuclear del Estado del bienestar".
En este sentido, ha advertido de que si no se acomete la reforma del sistema de financiación autonómica, "será muy difícil hacer un desarrollo ordenado de la capacidad normativa en materia impositiva de las CCAA, que en algunos tributos, como los medioambientales, resulta farragosa y extremadamente compleja".
En cuanto a la falta de transparencia, Pich ha defendido que "el ciudadano debería saber en todo momento lo que paga y a quién le paga, así como quién es el que le presta el servicio".
PROPUESTAS PARA REFORMAR EL SISTEMA.
Por ello, los economistas realizan una serie de propuestas de reforma, entre las que destaca la de definir el nivel de gasto necesario para atender con eficiencia los servicios transferidos y acordar, en consonancia con lo anterior, el volumen total de recursos que el Estado destina a cubrirlo.
También proponen cuantificar, según el grado de riqueza e índice de desarrollo y a igualdad de esfuerzo fiscal, el volumen de recursos tributarios que puede obtener cada comunidad, y revisar el concepto de población ajustada para reflejar mejor el principio de necesidad, lo cual "será la base para cumplir con los principios de suficiencia y solidaridad".
De igual forma, aboga por revisar la cesta de tributos cedidos y realizar las reformas normativas necesarias con el objetivo de mejorarlos técnicamente, graduar las diferencias de tributación entre territorios y homogeneizar los principales tributos propios, aunque cediendo a las CCAA amplias capacidades normativas.
Otra propuesta del CGE pasa por rebajar el porcentaje de recursos tributarios que cada comunidad aporta al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, para cumplir mejor el principio de corresponsabilidad fiscal.
Asimismo, considera que se podría plantear la eliminación del resto de fondos, aportando los recursos del Estado que los nutren a un único fondo de reparto, consiguiendo así mayor transparencia.
Por último, ve necesario respetar el principio de ordinalidad., incrementar la interacción entre la AEAT y las agencias u organismos tributarios autonómicos y con la Seguridad Social, y profundizar en la independencia de la AEAT del Ejecutivo y reformar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para potenciar sus funciones.
LOS PROBLEMAS DEL "COMPLEJO" SISTEMA ACTUAL.
En lo que respecta a los problemas del sistema de financiación autonómica vigente, el CGE concluye que adolece de falta de transparencia, ya que "por ser extremadamente complejo, no se entiende".
Además, apunta que el resultado del sistema es un reparto de recursos "arbitrario" que mantiene unas diferencias entre comunidades que "no se explican por sus necesidades de gasto", a la vez que "altera el principio de ordinalidad", ya que, después del reparto, comunidades con mayor capacidad recaudatoria pasan a tener menor financiación por habitante que otras con menos capacidad y viceversa.
"El reparto arbitrario y el incumplimiento de la ordinalidad se producen porque se quiso mantener el status quo previo a la implantación del nuevo sistema y por la consideración de criterios institucionales", indica el CGE.
Igualmente, otro problema del sistema para CGE es que los recursos globales de los que disponen las autonomías en estos momentos parecen "insuficientes" para atender los gastos transferidos.
A esto se suma que "no se cumple con el principio de corresponsabilidad fiscal, pese a que las CCAA tienen amplia capacidad normativa en muchos tributos", ya que el 75% de sus ingresos tributarios alimentan un fondo estatal (el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales) que luego se reparte.
Por último, considera que la cesta de tributos cedidos no es "coherente" con una tributación global de la riqueza, pueso que algunos de ellos están "obsoletos" y los tributos propios tienen una regulación "caótica".