Cs propone anticipar el cobro de deudas fiscales haciendo responsables solidarios a los administradores

Ciudadanos quiere abordar la elevada deuda pendiente de cobro por la Agencia Tributaria impulsando varios cambios legales, entre ellos

cambiar la consideración de los administradores societarios de responsables subsidiarios a solidarios para poder anticipar el cobro de las deudas fiscales.

Según una proposición no de ley registrada en el Congreso y recogida por Europa Press, la formación naranja quiere que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) pueda exigir a los administradores la deudas de la empresa sin esperar a que ésta, ni sus responsables solidarios, se hayan declarado insolventes.

Argumentan que en el supuesto de responsabilidad subsidiaria que contempla la Ley General Tributaria, los órganos de la AEAT se encuentran supeditados a la previa declaración de insolvencia, lo que puede alargar los procedimientos de apremio y embargo.

De hecho, denuncian que hay responsables subsidiarios que utilizan esta figura para evitar sus obligaciones, "dilatando en el tiempo estas medidas coercitivas y, llegado el caso, tener la posibilidad de vaciamiento patrimonial para eludir el pago de forma intencionada".

PUBLICAR EL NOMBRE DEL ADMINISTRADOR

Otra de los artículos que Ciudadanos pide modificar de la Ley General Tributaria es el de la publicidad del nombre de los administradores para los casos en los que se publique el nombre de la sociedad que contenga la deuda con Hacienda, concretamente las empresas con una deuda fiscal superior al millón de euros.

Esta formación cree que la publicación del nombre de los administradores "haría más eficaz el efecto disuasorio" de esta medida. "Con una deuda tributaria pendiente de cobro de cerca de 50.000 millones, parece una medida justificada y proporcionada", abunda.

Asimismo, también reclama incrementar los medios personales y materiales de la AEAT y de los Tribunales Económicos y Administrativos, cuya deuda pendiente de resolución está estimada en unos 7.000 millones y donde, pese a que cada año entran más casos de los que se resuelven, en los últimos cinco años se ha reducido el personal en un 13%.