Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

ERC, ICV-EUiA y CUP votan contra los cambios urbanísticos y tributarios para BCN World

CiU y PSC han sacado adelante este miércoles el dictamen sobre el proyecto de ley de modificación de la ley sobre centros recreativos turísticos y de establecimiento de normas en materia de tributación, comercio y juego, que ahora deberá ser debatido y aprobado en el pleno del Parlament, con los votos en contra de ERC, ICV-EUiA y CUP y la abstención de PP y C's en los temas clave de urbanismo y rebaja del impuesto a los casinos.
En comisión parlamentaria, ERC, ICV-EUiA y PP se han reservado enmiendas para el pleno, y Albert Batet --parlamentario de CIU y alcalde de Valls-- ha defendido la propuesta pactada por CiU y PSC, que ha reivindicado que supone la modificación de la ley de 1989 para adaptarla a los nuevos tiempos "con voluntad de diálogo y acuerdo" y con el apoyo del territorio.
Ha defendido los cambios para contar con un planeamiento urbanístico específico, con regulación de las actividades de juego y con una tributación de juego que ha augurado que permitirá aumentar ingresos a la Generalitat pese a la rebaja de la tasa del 55% al 10%, todo ello para permitir la implantación del complejo de BCN World con un modelo de turismo de calidad y creador de empleo cualificado en una zona que ya ha experimentado en las últimas décadas los beneficios de PortAventura pero que con la crisis está necesitada de puestos de trabajo, ha expuesto.
Xavier Sabaté (PSC) ha reconocido las reticencias iniciales de su partido en el impuesto sobre el juego y el planeamiento urbanístico, pero que el dictamen final "no tiene nada que ver" con el texto de modificación de la ley que entró en un principio en el Parlament, ya que ahora protege mucho más al territorio en materia de urbanismo, protege mejor del blanqueo de capitales y del juego a crédito, y protege más a los menores y los trabajadores, haciendo en conjunto que prevalezca el interés general.
Ha celebrado el apoyo de la zona y de los sindicatos y que se crearán miles de empleos, y ha opinado que el impuesto del juego "es un impuesto más", mientras que el resto de impuestos no serán bonificados, y los impulsores de BCN World deberán pagar como mínimo hasta la cantidad que recauda actualmente el Govern en el ámbito de los casinos si los pagos quedasen por debajo.
Pere Aragonès (ERC) ha tachado el pacto entre CiU y PSC de "precipitado y mal acuerdo" porque a su parecer no ofrece garantías en el ámbito urbanístico ni en el fiscal, y al Parlament le ha faltado información del plan de inversión de BCN World.
"Hay necesidad de empleo, pero no podemos ofrecer cheques en blanco sin garantías porque sino cualquier sector nos lo pedirá", ha constatado, y se ha mostrado convencido de que podría alcanzarse una propuesta legislativa que proteja mejor al territorio, a los menores y a los consumidores.
Rafael Luna (PP) ha hablado de texto sesgado producto de un pacto alcanzado entre únicamente dos grupos parlamentarios, "con un PSC que necesita salir en la foto para demostrar que todavía respira en Catalunya", y se ha mostrado abierto a cambios del texto entre ahora y cuando llegue al pleno del Parlament para su aprobación final, con el objetivo de obtener un mayor consenso entre partidos.
Para Hortensia Grau (ICV-EUiA), "el contenido de esta propuesta no se puede compartir ni en el fondo ni en la forma", con una escenificación del acuerdo entre CiU y PSC el domingo con foto de Artur Mas y Pere Navarro más propia de la vieja política, ha opinado.
Jordi Cañas (C's) ha considerado que se trata de "una ley de casinos que acepta el dictado de los inversores" y es una derrota ante la desesperación de la provincia donde se ubicará BCN World por el elevado desempleo, porque se rompe el principio de que la ley es igual para todos, y si se rompe una vez, sienta precedentes y crea categorías diferentes de ciudadanos.
Isabel Vallet (CUP) ha lamentado que la ponencia parlamentaria acabe con un texto acordado fuera de la ponencia por dos partidos y sobre un proyecto de inversión "fantasma" porque no ha informado con detalle y por escrito al Parlament, y con un inversor, Veremonte, del que solo se sabe que tiene sede en Londres y se dedica a la especulación inmobiliaria, lo que supone repetir el modelo económico erróneo de antes de la crisis.