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EY llama a un pacto de Estado por el empleo para salvaguardarlo de los "vaivenes políticos"

El socio responsable del Área Laboral de EY Abogados, Raúl García, ha defendido este lunes la necesidad de alcanzar un pacto de Estado por el empleo que preserve la legislación laboral al margen de los "vaivenes y oscilaciones políticas".
Durante su intervención en la jornada 'La reforma laboral en la encrucijada política', organizada por la consultora, en la que han participado otros expertos en materia laboral, García ha indicado que "no parece de recibo que cada cierto tiempo haya vaivenes en materias troncales como la negociación colectiva".
Sobre cómo debería sustanciarse este pacto, García ha señalado que se puede enmarcar en una nueva redacción del Estatuto de los Trabajadores, como ha apuntado el PSOE, "pero no necesariamente", y que todo cambio debe estar presidido por dos ideas: la necesaria calidad técnica de las normas y la adaptación de las mismas a un tejido empresarial poblado sobre todo por empresas de menos de 50 trabajadores.
En su opinión, se debería mantener la prevalencia del convenio de empresa, como determinó la reforma laboral de 2012, mientras que la flexibilidad interna en las compañías "va a tener que ser bidireccional". Por un lado, los empleados deberán adaptarse a las necesidades de las empresas, pero por otro éstas deberán convivir también con un mayor protagonismo de la conciliación. También considera García que deben "alijerarse" los procedimientos en los despidos colectivos.
MAYOR `PROTECCIÓN DEL EMPRESARIO.
Por su parte, el ex magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, Benigno Varela, ha señalado que a partir de ahora hay que estructurar "un derecho del trabajo distinto en que la que el signo protector vaya también a las empresas". "El derecho del trabajo en el siglo XXI no puede ser el mismo que el del Estatuto de los Trabajadores de 1980", ha afirmado.
En la misma línea, que el representante de EY ha señalado que "la reformas laborales no están impulsadas por cambios políticos, sino por razones económicas, del mercado de trabajo, por la necesidad de la productividad y competitividad en las empresas y para tener un marco regulador con una flexibilidad suficiente y con protección recíproca para el trabajador y de las empresas".
Desde su visión particular, Varela ha defendido los avances que, a su juicio, introdujo la reforma laboral de 2012 en lo que se refiere a descuelgues de las condiciones de trabajo o a la desaparición de la autorización administrativa previa en los despidos colectivos. No obstante, ha coincidido en que es preciso evitar las "excesivas nulidades" que se han producido en estos despidos por cuestiones, en la mayoría de los casos, de forma.
Por último, el director corporativo y de Asuntos Estratégicos de la Presidencia Ejecutiva del Banco de Desarrollo de América Latina, Germán Ríos, ha criticado la excesiva burocracia existente en Europa y España que impide el crecimiento de las empresas y del empleo.
Asimismo, ha defendido que las últimas reformas laborales "van por el buen camino", pero las ha considerado "insuficientes" para situar a España en el mismo nivel que países con mayor capacidad productiva. "Parece que están dando frutos y no tendría sentido para ningún Gobierno echarlas para atrás cuando aparentemente están funcionando", ha sentenciado.