España pedirá hoy a Bruselas más detalles sobre su propuesta de reforma de la pesca

Los ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea se reunirán este martes para continuar con el seguimiento a la llamada 'crisis de los pepinos' y para dar su opinión sobre la reforma de la política pesquera común (PPC) propuesta por Bruselas para más allá de 2013, que no convence a España porque considera que no concreta las medidas y porque teme su impacto en el sector.

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, pedirá en el debate que la reforma se aplique "progresivamente" para permitir la actividad del sector, han explicado fuentes diplomáticas.

La comisaria de Pesca, la griega Maria Damanaki, planteó la semana pasada cambios "drásticos" en la política pesquera para garantizar la sostenibilidad de la pesca en aguas gestionadas por la UE, en el plano medioambiental y económico, con el objetivo de reducir las capturas y recortar la capacidad de la flota.

Damanaki sugiere basar el reparto de las posibilidades de pesca en lo que dicten los científicos y no tanto en la negociación política de los gobiernos nacionales y apuesta por crear un "mercado de derechos de pesca" que permita a los pescadores de un mismo Estado miembro comercializar entre sí con las cuotas que le son asignadas.

La "mayoría" de los países de la Unión Europea tiene reservas respecto a la propuesta de Damanaki, según fuentes diplomáticas, que han explicado las reticencias de la delegación española especialmente por la falta de concreción sobre las medidas que serán necesarias para cumplir las ambiciones de la comisaria respecto a cuestiones como la reducción de la capacidad de la flota, el veto a los descartes y la 'regionalización' de las estrategias.

Damanaki plantea una reducción progresiva de los descartes, es decir, de la pesca no deseada que después es devuelta al mar, hasta llegar a su prohibición total en 2016. Sin embargo, estas medidas plantean interrogantes para distintas delegaciones porque no está claro, por ejemplo, cuál sería el destino de la pesca no deseada si se obliga a los pescadores a descargarla en tierra.

En el debate a Veintisiete con la comisaria, España también mostrará su rechazo a la propuesta de "regionalizar" parte de las decisiones de la PPC porque teme una "atomización de la gestión", según han explicado fuentes diplomáticas. Así, defenderá una política "coherente" en el conjunto de la Unión Europea.

La ministra de Medio Ambiente y Medio Marino y Rural, Rosa Aguilar, también defenderá la necesidad de proteger la pesca costera y artesanal, en especial de cara a la propuesta de Bruselas de impulsar un mercado de cuotas entre pescadores de un mismo país. El sector ve con buenos ojos la medida y España es partidaria de "modular" su implantación para defender a los pequeños pescadores.

CRISIS DE LOS PEPINOS

Por otro lado, los ministros examinarán varios puntos relacionados con la Agricultura, incluida la situación del sector bovino y la evolución de la llamada 'crisis de los pepinos', que ha provocado importantes en pérdidas para el sector hortofrutícola europeo desde que Alemania señalara por error a dos partidas de pepinos españoles como fuente del brote 'E.coli'.

Bruselas dispone de 210 millones de euros con los que pretende compensar en torno al 50 por ciento de las pérdidas de los productores de pepino, lechuga, tomate, calabacín y pimiento, además de comprometer quince millones de euros adicionales para financiar campañas de promoción el próximo otoño.

Los países de la UE tienen de plazo hasta la medianoche de hoy para notificar al Ejecutivo comunitario el valor de las compensaciones que demandan y España ha anunciado que pedirá 71 millones de euros, la mayor parte de las ayudas, para los productores andaluces.

Fuentes comunitarias han explicado que no está previsto que los ministros aborden el tema de las ayudas en el debate porque no todos los países han presentado aún sus demandas y Bruselas tendrá que estudiarlas para aprobarlas o no más tarde. La Comisión quiere dar una respuesta "lo antes posible" pero dependerá de la calidad y la credibilidad de todas las peticiones presentadas, apuntan las partes.

Con todo, tres delegaciones --España, Países Bajos y Bélgica-- pedirán un estudio de la situación que actualice los datos sobre el número de casos, el impacto en los sectores agrícolas, las medidas adoptadas y la reanudación de las importaciones a Rusia, entre otros factores a evaluar.