Facua exige al Gobierno que vigile los productos bancarios comercializados y sancione los fraudes

En declaraciones a Europa Press, Sánchez ha recordado que hace "décadas" que las entidades financieras incumplen sistemáticamente sus obligaciones ante los consumidores, sabedores de que "los gobiernos son pasivos y no actúan", por lo que duda que la nueva normativa aprobada en el último Consejo de Ministros vaya a cambiar la situación. "Las leyes de la banca están para incumplirlas", ha ironizado.

A su juicio, lo único que podría meter en vereda a bancos y cajas en su relación con los clientes es que el Gobierno "controle el mercado" y los productos que se comercializan, como hace con el resto de sectores, y abra expedientes sancionadores en los casos de "fraude a gran escala como éste", actuando de forma "temprana" cuando se registran las primeras denuncias.

"Esto no se ha hecho hasta el momento. Se han conocido los fraudes y los gobiernos del PP y del PSOE han mirado hacia otro lado", ha lamentado el portavoz de Facua, señalando que, pese a que el caso de las preferentes permitiría abrir un "macro expediente sancionador con multas que podrían ser de miles de millones de euros", hasta la fecha sólo hay un expediente abierto en Cataluña "y sin anuncios de multa".

Por eso, Sánchez ha argumentado que "por mucho que se aprueben nuevas normas no se van a cumplir porque nadie se encarga de hacerlas cumplir" y ha recordado que la inacción del Ejecutivo empuja a los consumidores a la vía judicial como única alternativa para solucionar sus problemas, pese a que es más lento y les exige nuevos gastos.

"Están muy crecidos, y con (el último decreto financiero) lo que el Gobierno les está diciendo es que tienen carta blanca para cometer fraude. Porque si éste es tan grave y tan claro pero no se castiga, ¿qué se castigará? El decreto es una invitación al fraude", ha reiterado.

AFECTADOS POR LAS PREFERENTES

A este respecto, ha afirmado que la comercialización de las participaciones preferentes es "claramente un fraude a gran escala" porque las entidades han "ofrecido productos ocultando información, con total opacidad y vulnerando claramente la legislación de protección al consumidor y el Código Civil".

"Los contratos pueden declararse nulos de pleno derecho y los consumidores deberían recuperar las cantidades invertidas, pero para eso hace falta que, o bien el Gobierno central o algún gobierno autonómico abra expedientes a las entidades financieras, o que la Justicia lo determine", ha explicado.

Por eso, la decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de no decidir una solución general y permitir que cada caso se solucione individualmente (por la vía del arbitraje o con las ofertas de canje que hagan las propias entidades) demuestra que "no tiene absolutamente ningún interés en defender a los afectados".

"Nos gustaría que los organismos competentes en protección de consumidores, fundamentalmente el Instituto Nacional del Consumo, hicieran algo por defender a estas víctimas, aunque en estos momentos su prioridad es ilegalizar Facua por criticar los recortes del Gobierno", ha concluido el portavoz, lamentando que ni siquiera se haya invitado a la asociación a participar en la subcomisión de Transparencia Bancaria del Congreso, por la que este martes pasaron representantes de otros organismos de protección del consumidor para dar su punto de vista sobre este asunto.