La Federación del Taxi de Madrid denuncia que la CNMC "quiere acabar con la protección al usuario"

La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) ha denunciado que la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) "quiere acabar con la protección al usuario" tras la "amenaza" remitida al Gobierno de llevarle a los tribunales si no cambia el Real Decreto que regula la actividad de los vehículos con conductor (VTC).

En opinión de los taxistas madrileños, la fórmula que utilizan algunas grandes compañías para ofrecer un servicio de transporte de viajeros presenta en la actualidad "varias lagunas legales".

La CNMC instó este jueves al Ministerio de Fomento y al Consejo de Ministros a cambiar la normativa que regula a las empresas de vehículos de alquiler con conductor aprobada por Real Decreto en noviembre de 2015 al considerar que presenta restricciones a la libre competencia y al "bienestar general".

Según los taxistas madrileños, esta normativa que el organismo regulador pide modificar limita el número de licencias VTC y determina la obligación del vehículo de conseguir previamente al cliente, limita su actividad a la comunidad autónoma en la que esté domiciliada, con un límite máximo de servicios fuera de ese territorio, y establece un mínimo de siete vehículos por empresa.

En este sentido, el presidente de la FPTM, Julio Sanz, ha explicado que este reglamento se fijó hace seis años y que en este tiempo el mercado no ha demandado más servicios de VTC. "Qué casualidad que este cambio normativo se plantee ahora que entran en juego los intereses de grandes empresas multinacionales", ha señalado Sanz.

El presidente de la FPTM ha dicho que la CNMC "ha olvidado mencionar la situación en la que se encuentran en la actualidad otros países" que "ya sufrieron la desregularización del sector y donde las tarifas se han multiplicado hasta por 10 e incluso 20 veces, perjudicando al usuario" como consecuencia "del juego de la oferta y la demanda".

"Parece que Competencia se empeña en maltratar a un sector que ofrece un servicio público de transporte, con tarifas fijadas por la Administración, en favor de servicios privados que buscarán más la rentabilidad que el interés superior de los usuarios", ha concluido.