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La Generalitat valenciana defiende la legalidad de sus facturas de empresas públicas y acusa a PSPV de "temerario"

El conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, ha asegurado este miércoles que las facturas que ha reclamado el PSPV de casi 30 empresas públicas por un importe de más de 1.100 millones de euros reúnen "todos requisitos legales" y ha considerado que "aventurarse a decretar la ilegalidad o irregularidad de esas facturas es cuanto menos un ejercicio temerario sin conocimiento de causa de lo que hay detrás" de éstas.
Así lo ha manifestado este miércoles en declaraciones a los medios tras la firma con los responsables de la empresa Clave Denia S.A. del contrato de alquiler de la antigua sede del IVACE de la Plaza del Ayuntamiento, al ser preguntado por el anuncio del portavoz socialista en las Corts Valencianes, Antonio Torres, de que reclamará en la cámara autonómica estas facturas ya que, tras analizar las de ocho de estas sociedades por importe de 192 millones de euros, han comprobado que se trata "de un verdadero escándalo la cantidad de pagos que se han realizado en conceptos y cuantías que no vienen a lugar".
Al respecto, el titular de Hacienda la expresado su "honda preocupación" por el hecho de que "grupos políticos que quieran tener responsabilidades de gobierno confundan el Fondo de Liquidación Autonómica (FLA) y el pago a proveedores". "Estamos hablando de que el FLA cubre el déficit autorizado y los vencimientos de banca extranjera y las operaciones a que se están aludiendo es el pago a proveedores de 2012, donde se atendieron una serie de facturas anteriores a 2012", ha aclarado.
Por otro lado, el conseller ha matizado que el pago a proveedores se hizo efectivo por 4.354 millones de euros, con más de 593.000 facturas, de las cuales el 75 por ciento fueron para sanidad, educación y bienestar social, por lo que ha considerado que "si atendemos a unas facturas concretas sacadas de contexto, perdemos de vista el montante global". Además, ha destacado que esa información fue subministrada por la Generalitat en una "apuesta clara por una política de transparencia, claridad y rigor en las cuentas publicas"
Moragues ha apuntado que detrás de esas facturas "hay unos servicios, obras, contratos, serie de actividades ejercidas por empresas públicas y Generalitat" y que el Consell "no ha elegido cuáles se pagan y cuáles no", ya que el mecanismo de pago a proveedores es "de adhesión", de modo que "cuando una factura reúne los requisitos legales objetivos temporales y formales entra en el pago a proveedores y cuando no reúne los requisitos, no entra".
CERTIFICADAS POR LA GENERALITAT Y EL MINISTERIO
Además, el responsable de Hacienda ha aseverado que las facturas "han sido certificadas por la intervención de la Generalitat, han sido trasladadas al Ministerio de Hacienda, se ha comprobado la legalidad de todas ellas, y a partir de ahí se han hecho efectivas".
En este punto, ha mostrado su "preocupación" también porque se hable de que se ha pagado de forma "irregular e ilícita" a entidades financieras, porque estos responsables políticos o grupos políticos "no pueden desconocer que existen figuras como el endoso o las cesiones de crédito y, en ese sentido, la transferencia se ha hecho a la entidad bancaria no por ser proveedor, sino por ser titular del endoso o de la cesión de crédito", ha explicado.
Asimismo, ha reprobado que este hecho "desliza un concepto por parte oposición de deuda legítima e ilegítima", cuando "estamos hablando de que el pago es un pool bancario de 26 bancos donde hay que atender los vencimientos correspondientes". En este sentido, Moragues ha advertido de que "el prestigio, la confianza y la credibilidad que hemos conseguido como Gobierno de España se puede venir al traste en caso que se plantee un 'default' parcial de ese pago a proveedores"
Al ser preguntado por si explicará este asunto a los grupos de la oposición en las Corts, Moragues ha aludido al hecho de que "han pedido facturas de unas empresas concretas", cuando el pago a proveedores es de más de 593.000. En este contexto, ha indicado que cada empresa publica es la que tiene el soporte documental de lo que hay detrás de ese servicio, obra o contrato, por lo que el Consell "no tiene" las facturas.