El Gobierno no es favorable a un tratado internacional sobre derechos humanos y empresas multinacionales

Así lo reconoce en respuesta al diputado de Amaiur en el Congreso Jon Iñarritu, quien ha registrado varias preguntas parlamentarias para saber la valoración que el Ejecutivo hace del acuerdo de la ONU y qué papel adoptará España en dicha negociación.

En sus respuestas, que recoge Europa Press, el Gobierno recuerda que, al no ser miembro en este momento del Consejo de Derechos Humanos de Nacionales Unidas, no pudo pronunciarse con su voto sobre esta materia, pero que en cualquier caso su posición "no es, en principio, favorable a la negociación de un tratado internacional" de estas características.

A renglón seguido, justifica esta postura en que "no existe el consenso mínimo necesario" para iniciar esta "compleja negociación internacional" --tal y como prueba la "división de voto" que se dio en junio-- que, además, "se demorará unos diez años como mínimo, retrasando los posibles efectos positivos un tiempo que quizás no merezca la pena esperar".

PLANES NACIONALES

Y es que en ese tiempo los países pueden desarrollar planes nacionales de Empresas y Derechos Humanos que, siguiendo los principios recortes de la ONU sobre la materia, aporten soluciones "en tiempo presente" a estas situaciones.

Sobre todo, continúa el texto, dado que este problema "no se debe tanto a la falta de normativa internacional sobre derechos humanos como a la falta de trasposición, cumplimiento, vigilancia y reparación ante su incumplimiento o cumplimiento por parte de los estados, y a la falta de diligencia debida de las empresas".

Por eso, España considera de mayor utilidad unos planes nacionales que incluyan medidas para "aclarar cómo se combinan las obligaciones y previsiones derivadas de los diversos campos del Derecho". Como ejemplos, el Gobierno menciona que el plan español prevé que la gestión de fondos públicos se realice de acuerdo a los principios de la ONU para la inversión responsable o que los futuros tratados y acuerdos que firme el país puedan contemplar referencias al respeto de los derechos humanos.

Asimismo, se permite que la cooperación para el desarrollo, los organismos oficiales de crédito, de crédito a la exportación y los organismos oficiales de seguros o de garantía de las inversiones de todas las administraciones "puedan condicionar o modular o revisar sus apoyos a la inversión al estricto respeto de los Derechos Humanos por parte de las empresas beneficiarias, tanto dentro como fuera del territorio español".

En cualquier caso, el Gobierno asegura que seguirá los trabajos del grupo intergubernamental creado en la ONU para plantear este posible tratado internacional y continuará trabajando en el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, que "se ha negociado con múltiples actores" durante los dos últimos años.