IU-ICV pide que las entidades con ayudas del FROB deban priorizar la dación en pago a la ejecución hipotecaria

Así consta en algunas de las siete enmiendas que el grupo parlamentario ha registrado en el Congreso al proyecto de ley de sobre Saneamiento y Venta de los Activos Inmobiliarios del Sector Financiero, que desarrolla el decreto de reforma financiera del pasado mes de mayo.

Según estas propuestas de modificación, que recoge Europa Press, el Gobierno debería obligar a las entidades rescatadas con fondos públicos o que se beneficien del aval público sobre sus depósitos a priorizar la fórmula de la dación en pago y otras modalidades de acuerdos con los deudores que "les garanticen, en todo caso, el ejercicio del derecho a la vivienda".

Además, en el caso de hipotecas sobre la vivienda habitual, estas entidades tendrán que "acreditar de forma fehaciente" que, antes de ejecutar la hipoteca, han ofrecido al deudor la posibilidad de cancelar totalmente el crédito, "incluido el principal, intereses y la asunción del importe del Impuesto municipal que grava la transmisión de bienes inmuebles con la entrega de la propiedad".

FUNCIÓN SOCIAL SI NO SE VENDE

Por otra parte, IU-ICV cree también que cuando se aplique la dación en pago o en los casos de subasta pública en los que no haya postor, las viviendas deberán "volver a cumplir su función social de acoger a personas necesidades de vivienda" en el plazo máximo de un año.

Esta posibilidad se podría articular por dos vías, a juicio de la coalición de izquierdas: por cesión directa en arrendamiento, prioritariamente a precio protegido, con preferencia para los anteriores ocupantes de la vivienda; con convenios con agencias estatales, autonómicas o locales, o con entidades sin ánimo de lucro y redes de intermediación social por precios protegidos; o mediante la puesta a la venta a un precio "no superior al concertado" en los casos de dación en pago o el remate de la subasta.

Con este mismo objetivo, la Izquierda Plural propone que todos los bienes inmobiliarios de las entidades que reciban ayudas públicas vayan a una única sociedad gestora --extremo que ya se decidido en la reforma financiera de este verano-- y que sea el FROB el que los gestione con fines de alquiler social.

PARTICIPACIONES PREFERENTES

Con respecto a las participaciones preferentes, IU-ICV-CHA propone en sus enmiendas que todos los procesos de canje que se realicen a partir de la entrada en vigor de la ley estén supervisados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y que se prohíba comercializar este tipo de productos a clientes minoristas a partir de ahora.

"La experiencia ha demostrado que la única manera de proteger al inversor minorista es prohibir radicalmente a las empresas de servicios financieros y a las entidades de crédito la comercialización entre esos clientes de instrumentos financieros arriesgados", explica, precisando que se trata de productos que constituyan o reconozcan una deuda perpetua o redimible sólo a voluntad del emisor, y aquéllos que no se negocian en un mercado secundario.

Como solución para los minoristas actualmente afectados, la Izquierda Plural cree que se les debería ofrecer "obligatoriamente" el cien por ciento del valor nominal de esos productos, materializándose el canje en la constitución de imposiciones a plazo fijo no superior a tres años, que están cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

Además, el Gobierno debería presentar, en medio año como máximo, un proyecto de ley de Transparencia y Calidad en la Comercialización de Productos Financieros.

BENEFICIOS PARA LA OBRA SOCIAL

Las enmiendas de la Izquierda Plural también hacen referencia a otros asuntos, como el destino de los beneficios netos de las entidades ayudadas por el FROB la mitad de los cuales debería destinarse, según la coalición, a crear un "colchón" de capital.

Además, estos bancos no deberían poder repartir dividendos hasta que no terminen de liquidar su deuda, excepto al propio fondo, al que deberían destinar un 5% de sus rendimientos. Por su parte, los dividendos del FROB deberían reinvertirse íntegramente en la obra social de la cajas.

Con respecto alas remuneraciones de los directivos bancarios, IU-ICV propone anular todas las retribuciones variables por indemnizaciones, pensiones o blindajes de ningún tipo. El salario fijo --incluyendo dietas y todas las retribuciones pertinentes-- no deberá superar los 40.000 euros anuales en el caso de los miembros de los órganos colegiados de administración de entidades con ayuda pública, y los 150.000 euros para los presidentes ejecutivos, consejeros delegados y directivos.

Además, la Izquierda Plural considera que estas limitaciones deberían aplicarse a los directivos de todas las entidades vinculadas con el banco o caja, o con las empresas de su grupo.