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Junta de Andalucía pide un aplazamiento de los 426 millones de la liquidación del modelo de financiación de 2013

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha pedido al Gobierno central un aplazamiento, en 20 años con un año de carencia, de los 426 millones de la liquidación del modelo de financiación de 2013 de Andalucía, que debe incluirse a la Ley de Presupuestos de 2015 porque "no hay otro lugar para incorporarlo".
En rueda de prensa, Montero ha señalado que este aplazamiento en liquidaciones negativas ya se hizo en 2008 y 2009 cuando "afectaban a la totalidad de las comunidades autónomas", pero ahora no se ha incluido en los PGE "quizás porque Andalucía es la comunidad realmente más perjudicada".
Según ha apuntado, los 426 millones de euros por "una mala previsión por parte del Gobierno" suponen "más de 50 euros por andaluz", un "agravio" que "no se corrige" en los Presupuestos del Estado.
Montero ha criticado que no se recoge ni una aplicación fraccionada del aplazamiento ni un año de carencia, que es "lo que siempre ha hecho el Gobierno de España cuando fruto de las liquidaciones ha aparecido una cifra negativa".
De esta manera, la consejera ha advertido de que "la Junta desplegará todos los recursos para que este aplazamiento de la liquidación figure en el texto definitivo" de los Presupuestos Generales del Estado. así, en el proceso por el Congreso y el Senado incluirán enmiendas para que los 426 millones de euros no impacten en la sanidad ni la educación en 2015.
"CASTIGA A ANDALUCÍA"
La consejera de Hacienda y Administración Pública ha reiterado que los PGE evidencia que "ni el Gobierno central cree en la recuperación" y ha criticado que "no aporten medidas para que la supuesta mejoría llegue a los ciudadanos".
"Los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de Mariano Rajoy vuelven a castigar a Andalucía", ha subrayado Montero, quien ha señalado que no se facilita con estas cuentas la cohesión social ni territorial.
De esta manera, los ha considerado los presupuestos "de la continuidad" porque "siguen sin crear empleo, sin impulsar la inversión productiva y sin sacarnos de la crisis". En concreto, ha apuntado que las partidas que "no se recortan, se congelan" bajo la prioridad del rigor y control del déficit. Frente a esto, la consejera ha instado a impulsar el gasto público productivo y compaginar el rigor con las medidas de estímulo.
En cuanto al Fondo de Compensación Interterritorial, destinado a corregir los desequilibrios territoriales, se ha reducido un 54 por ciento de media respecto a la anterior. En el caso de 2014, la dotación no varía, manteniéndose en 425,8 millones de euros, a pesar de que la inversión pública crece un 8,4 por ciento.
INVERSIÓN POR PESO POBLACIONAL
Respecto a la inversión que recibe Andalucía de los PGE, Montero ha recordado los cerca de 2.300 millones que se adeudan entre 2008 y 2014 y ha lamentado que "no se contemple una compensación" en los PGE para 2015.
Ante la pregunta de que la disposición adicional tercera incluida en el Estatuto de Autonomía de Andalucía ya no obliga para 2015 a que las inversiones sean igual al peso poblacional de Andalucía, la consejera ha señalado que este criterio "sigue plenamente vigente" y "más en comunidades con obligación de converger por los niveles de renta y desarrollo social".
"Si no es en Andalucía donde el Gobierno tiene que volcarse en inversiones, ¿cómo va a contribuir el Gobierno a la convergencia", ha señalado Montero.
Junto a estos agravios a Andalucía, Montero ha criticado el perjuicio que supone para las comunidades el desigual reparto del objetivo de déficit fijado para 2015, ya que "el peso del ajuste recae nuevamente en las comunidades pese a ser las que gestionan la mayor parte de las políticas de gasto".
Así, ha recordado que el déficit público de las comunidades no podrá exceder del 0,7 por ciento del PIB, mientras que la administración central podrá llegar al 2,9 por ciento, con lo que se reserva el 80,6 por ciento del margen de déficit frente al 19,4 por ciento que se permite a las comunidades. En el caso de Andalucía, Montero ha afirmado que pasar de un objetivo del uno por ciento en 2014 al 0,7 por ciento en 2015 supondrá un ajuste de 392 millones de euros.