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La Junta apunta que el presupuesto de 2014 será ejercicio "extremadamente difícil" por la "fortísima restricción"

Pide más autonomía para poder "modular" el sistema fiscal y rechaza pactos secretos donde "la financiación se use como moneda de cambio"
La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha reconocido que los presupuestos de la comunidad andaluza para 2014 supondrá llevar a cabo un ejercicio "extremadamente difícil" por el escenario macroeconómico y financiero de "fortísima restricción".
En su primera comparecencia en comisión en el Parlamento andaluz, la consejera reconoce que habrá que hacer un "nuevo esfuerzo" en las cuentas de 2014, pero no "un esfuerzo más", sino que será "al límite del sostenimiento de las políticas públicas que la Junta está emprendiendo en todos sus sectores". De esta forma, explica que los presupuestos serán "necesariamente austeros" aunque "equilibrados" para el "sostenimiento del gasto publico" y que permita "mejor asignación de los recursos, eludiendo cualquier desmantelamiento o privatización de servicios públicos".
"No se debe confundir la austeridad en la gestión con una restricción el gasto en servicios públicos esenciales, y nuestros presupuestos protegerán y blindarán la educación, sanidad y los servicios y políticas sociales, sustentados en una estructura administrativa liviana y flexible, con un coste administrativo menor", ha dejado claro Montero.
REPARTO INJUSTO DEL DÉFICIT
La consejera ha destacado que la Junta "es de las más eficientes en el gasto, que se halla diez puntos por debajo de la media nacional". Montero, quien ha reiterado su compromiso con el cumplimiento del objetivo de déficit "aunque no los comparta" y con la estabilidad presupuestaria, aunque demanda "un esfuerzo por parte de todos", por lo que lamenta que la ampliación de plazos en la UE "sólo ha servido para que el Gobierno amplíe su margen de déficit, de forma desequilibrada en relación con las comunidades autónomas, a las que se les exige que asuman la mayor parte del ajuste".
Ha recordado que Andalucía "discrepa de este reparto, desequilibrado e insolidario", toda vez que "no respeta los niveles de gasto público, pues las comunidades son las que dan los servicios públicos fundamentales".
La consejera, quien insiste en establecer un déficit asimétrico y diferenciado, considera que "sería lógico que el criterio se corrigiera y fuera por población y no por el PIB". Insiste en la necesidad de un sistema "más justo, que reconozca el peso poblacional".
Reclama la puesta en marcha del grupo de trabajo a nivel estatal para abordar el sistema de financiación de las comunidades autónomas, y donde la solución se acuerde "con todas las comunidades, no debe ser imposición del Gobierno". Montero considera que "se deben evitar pactos secretos en los que la financiación se use como moneda de cambio para solucionar y acallar tensiones y problemas políticos, no se pueda perjudicar a unas comunidades en favor de otras".
Por ello, tras aseverar que estará "muy atenta" a las conversiones entre Cataluña y el Gobierno para que no exista "negociaciones bilaterales", cree que el sistema de financiación "debe ir acompañado de compensaciones para superar disfunciones".
La consejera ha tendido la mano a los partidos para poner en marcha una "alianza en defensa de la Comunidad en materia de financiación y déficit, pues, de lo contrario, en Andalucía perdemos". "El PP se debe apuntar a Andalucía y debemos ser capaz de defender los intereses de la tierra", agrega.
AUTONOMÍA FISCAL
Por otro lado, la consejera pide un sistema tributario "eficiente" y demanda una "profunda revisión para reducir la brecha fiscal", ante lo que rechaza subidas impositivas que "solo hacen que se aumenten los ingresos para el Estado y no se comparten con las comunidades" y ha indicado que las reclamaciones de afectación en ese sentido ascienden a 4.854 millones de euros. No obstante, apunta el problema de la "casi nula autonomía fiscal de Andalucía".
En ese sentido, se ha mostrado partidaria de una mayor autonomía fiscal, de forma que en la próxima negociación del sistema de financiación, la Junta de Andalucía "abundará en la senda de que las autonomías puedan ser corresponsables a la hora de generar tributos y de modularlos, esto es, subirlos o bajarlos".
De esta forma, Montero cree que "se debe seguir avanzando en mayor progresividad del sistema fiscal" y considera que las subidas impositivas "no generan más ingresos", por lo que no se arbitrará mayor presión fiscal.
También indicó que entre sus prioridades se encuentra intensificar la lucha contra el fraude fiscal y prevé presentar en unos días el anteproyecto de Ley de Acceso a los beneficios públicos y de medidas contra el fraude fiscal.
Tras indicar que la Junta seguirá acudiendo a los mecanismos extraordinarios de financiación puestos en marcha por el Gobierno central, Montero pide "transparencia" para que "los recursos disponibles se repartan por igual a todas las comunidades".
EMPLEO PÚBLICO
Por otro lado, la consejera, que reconoce la existencia de "malestar" entre los funcionarios, ha reconocido el papel de los empleados públicos como "corazón de prestación de los servicios", por lo que aboga por "mantener el empleo público" y "elevar la categoría" de dichos empleados públicos, para así "ser capaces de garantizar el pleno desarrollo profesional", de manera que contemplará "un sistema adecuado de incentivos y conciliación", algo que quiere lograr "con la implicación activa de los trabajadores".
Por ello, abordará de forma dialogada el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público y el Código Ético del servicio público andaluz.
Asimismo, incide en el esfuerzo de "racionalización y eliminación de duplicidades" en el sector instrumental. Ha recordado el compromiso para constituir un grupo de expertos para evaluar los entes instrumentales. Mostró también su voluntad de abrir diálogo con el Gobierno para nuevas medidas de eliminación de duplicidades e ineficiencias. Montero ha dejado claro que no privatizará ni cerrará servicios públicos sino que mejorará su eficiencia y aboga por una "racionalización del gasto operativo no vinculado a servicios fundamentales".
La consejera ha anunciado un plan de reducción de cargas administrativas y burocráticas, mediante las nuevas tecnologías.
También ha apuntado la lucha contra la corrupción, para lo cual, además de reformar la Ley de la Cámara de Cuentas, se reforzarán mecanismos de control en el presupuesto, especialmente en materia de transferencias de financiación.
CRÍTICAS DEL PP
Por su parte, el diputado del PP José Antonio Miranda se ha mostrado "defraudado", pues "ante un nuevo tiempo, presenta las mismas recetas que los últimos 30 años y no corrige nada". Ha recordado que los resultados obtenidos en estos años "son muy pobres", tras lo que pide que sea "rigurosa en la gestión".
El diputado del PP Rafael Ruiz Canto ve "una aberración" la situación de los entes instrumentales y considera que la comisión de expertos anunciada "no hace falta, sino que hay que poner cordura y eliminar burocracia". Asimismo, demanda que "deje sin efectos los recortes a los empleados públicos".
El diputado del PSOE José Caballos ha destacado el "compromiso de la Junta con la reducción del déficit, que asumimos aunque no lo compartamos ni en el fondo ni en la forma ni en los plazos", por lo que "seguiremos pidiendo una financiación justa y decente con Andalucía". "No queremos pelea, queremos dinero, pero si no hay la financiación que nos corresponde, habrá pelea", advierte Caballos.
El diputado de IU Ignacio García también reclama un sistema de financiación basado en la población y que esté "blindado a presiones nacionalistas", tras lo que cree que las cuentas de 2014 serán "un buen presupuesto y de izquierdas frente al marido machista del Gobierno del PP, que da menos dinero a la esposa y le exige lo mismo".