El PSOE quiere que el Gobierno comparezca en el Congreso tras cada ronda de negociación del acuerdo UE-EE.UU.

Así consta en una proposición no de ley que los socialistas han presentado para su debate en el Pleno de la Cámara Baja y que recoge Europa Press, en la que reconocen que "el potencial de mejora, si se logra alcanzar un acuerdo de libre comercio, sería muy beneficioso por sus efectos económicos para el conjunto de la UE y, en particular, para España" pero también manifiestan sus reticencias sobre algunos aspectos concretos del acuerdo.

En particular, el principal partido de la oposición lamentan la "falta de mayor transparencia" en el proceso de negociación y que "la información disponible sea clara y suficiente para dar respuesta a las preocupaciones ciudadanas, muchas veces basadas en informaciones tergiversadas o infundadas".

CREAR UNA SUBCOMISIÓN PARLAMENTARIA

"Es, por tanto, necesario tener acceso a la información sobre la situación de las negociaciones para poder tener un debate riguroso sobre el impacto del TTIP", alegan, reclamando por ello que se "garantice un debate informado" mediante las comparecencias del Gobierno tras cada ronda de negociación para informar sobre la situación del proceso.

Además, quieren que se constituya una subcomisión parlamentaria dependiente de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para la UE en la que se "aborde la situación y seguimiento de las negociaciones" de este tratado de libre comercio.

A renglón seguido, el PSOE advierte de que "en ningún caso" aceptará "un acuerdo que suponga un perjuicio para los intereses de la ciudadanía europea". "Tenemos que defender políticamente y de forma inequívoca los estándares europeos de protección medioambiental, social y laboral. Desde luego, el nivel de protección social del que disfrutamos en Europa es innegociable", insiste.

Por eso, pide que se realice un estudio de impacto del TTIP en España de forma "urgente", tal y como otros estados miembros ya han realizado, y que se "garantice" que queda fuera de toda negociación la "liberalización de servicios públicos o cualquier otra disposición que pueda comprometer servicios públicos como la Sanidad o la Educación en todos los niveles de la Administración, incluyendo la local y el régimen de concesiones".

ASPECTOS A PRESERVAR

En la misma línea, en la iniciativa se plantea la necesidad de "preservar de forma incondicional los estándares de protección social y medioambiental de la UE", incluyendo aspectos como la protección de derechos laborales --libertad de asociación, derechos sindicales y salario mínimo interprofesional-- y de derechos de los consumidores --protección sanitaria y fitosanitaria--.

También se debería garantizar la protección de la diversidad cultural y los servicios audiovisuales en la UE, se tendría que incluir la regulación de los mercados y servicios financieros, y habría de regularse la protección y la privacidad de datos en la UE "para que los europeos reciban las mismas garantías de protección contra el espionaje que los estadounidenses".

Finalmente, el principal partido de la oposición exige que se incorpore un capítulo para desarrollar los derechos laborales que "deben aplicarse en todos los niveles de Gobierno e incorporar un mecanismo de resolución de disputas en materia laboral", y que se retire el sistema de arbitraje para la resolución de conflictos entre inversores y estados por "innecesario".