El PSOE pide que se obligue a incluir la fecha de captura y el origen en las etiquetas del pescado

En la iniciativa, que recoge Europa Press, la diputada Consuelo Rumí señala que "desde hace tiempo" se están produciendo denuncias sobre fraudes en relación con la información sobre el origen del pescado que se vende en el comercio minorista. Por eso, cree que hace falta "modificar la normativa, tanto europea como nacional, en materia de etiquetado y trazabilidad".

En este sentido, apuesta por incluir en la nueva PPC el etiquetado ecológico, que identifica los productos de acuicultura o pesca sostenibles; el etiquetado europeo, que identifica los productos obtenidos mediante prácticas conformes a la normativa comunitaria; y el etiquetado de origen geográfico "no sólo de los productos pescados sino también de los de la acuicultura, en conserva o transformados".

SABER SI EL PRODUCTO ES FRESCO

También ve necesario precisar en las etiquetas la fecha de la captura, aspecto que "aporta información objetiva sobre la frescura del producto y el tiempo que transcurre desde la pesca hasta que se consume", información que "no tiene costes adicionales" al ser ya obligatorio precisar este dato en los requisitos de trazabilidad.

Sin embargo, en el principio de acuerdo sobre la Organización Común de Mercados (OCM) sólo se reconoce la precisión de este aspecto "de forma voluntaria" en las etiquetas, a pesar de que dar más información a los consumidores comporta ventajas para "prevenir eventuales riesgos para la salud" y también para "evitar actividades que puedan constituir fraude".

Por ello, Rumí emplaza al Ejecutivo a defender ante las instituciones europeas durante la negociación de la PPC "la inclusión en las etiquetas de la mayor información posible y, en especial, de la fecha de captura y del origen geográfico de los productos del mar en conserva o transformados".

En paralelo, la diputada socialista cree que hace falta "reforzar los mecanismos de control" para garantizar el cumplimiento de estas exigencias de trazabilidad y etiquetado, algo de lo que deben ocuparse los estados miembros, que tienen la competencia de "garantizar la aplicación efectiva" de la normativa comunitaria.