La Plataforma por una Vivienda Digna dice que la reforma del alquiler "da la espalda" al inquilino

En un comunicado, la Plataforma indica que el objetivo de este nueva ley es dar salida a las casi 800.000 viviendas terminadas y sin vender y facilitar que la Sareb y las entidades intervenidas puedan destinar al alquiler sus activos inmobiliarios durante un periodo muy corto, a la espera de que unos años después, una vez reactivado el sector inmobiliario, puedan venderlos sin ninguna traba jurídica.

También critica que la situación del inquilino "queda reducida a la máxima precariedad", dado que el límite legal para permanecer en una vivienda alquilada se reduce de 5 a 3 años, lo que convierte el alquiler en una opción "meramente temporal", incomparable con la seguridad de la vivienda en propiedad.

Además, denuncia que el propietario puede disponer de la vivienda para sí o sus familiares más cercanos en cualquier momento, con independencia de que esta posibilidad se haya pactado o no en el contrato, y afirma que la reforma no facilitará la bajada de precios de las rentas de alquiler al establecer que la actualización de las mismas se realizará según acuerden las partes, en lugar de tomar el IPC como referencia obligatoria.

"Esta flexibilización del sistema para la actualización de la renta ha tenido consecuencias nefastas en grandes ciudades europeas como París o Berlín (...). Por otro lado, la libertad de pacto es una ficción en la práctica, dado que el inquilino está en una posición más débil a la hora de negociar", subraya.

REFORMA DESEQUILIBRADA.

Para la Plataforma por una Vivienda Digna, la reforma es también desequilibrada porque el Gobierno utiliza el pretexto de la morosidad (inferior al 1,3% según los últimos datos del INE) para reducir al mínimo las garantías judiciales de los inquilinos y crear un fichero de inquilinos morosos, y afirma que está hecha "al dictado de los registradores de la propiedad y del 'lobby' turístico".

Por todo ello, propone la creación de un parque de viviendas de alquiler social amplio, económico y suficiente, así como establecer políticas que busquen la reducción de los precios de los alquileres y aumentar la función inspectora y reguladora del Estado para acabar con el porcentaje de alquileres que se realizan al margen de la ley. También pide penalizar fiscalmente las viviendas vacías para que se amplíe la oferta de alquiler.