Presidente del Tribunal de Cuentas presenta hoy en el Congreso el balance del Plan E de Zapatero de 2009

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, presentará este martes en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Tribunal de Cuentas el informe de fiscalización de las actuaciones realizadas en 2009 por los ayuntamientos con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (FEESL), con el que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero pretendía impulsar la economía en los primeros años de la crisis.

Según dicho documento, que recoge Europa Press, sólo el 15% de los más de 8.000 ayuntamientos españoles que obtuvieron recursos del FEESL dieron prioridad al número de puestos de trabajo a la hora de seleccionar los proyectos, a pesar de que el empleo era el objetivo fundamental de la creación" de este Fondo.

De hecho, el 43% de los contratos (3.851 contratos y 6.856 contratos menores) no incluía ningún compromiso de contratación por parte de la empresa y un 38% de los contratos (8.562) fueron adjudicados a empresas que desde el primer momento dijeron que no contratarían a nadie, algo que fue posible dado que los pliegos de condiciones aprobados por las entidades locales no incluían una cifra de contratación obligatoria para acceder a la financiación.

Este fenómeno se convirtió en la norma en regiones como Castilla y León, Navarra o La Rioja, donde los contratos adjudicados sin compromiso de contratación fueron el 68%, el 60% y el 59% del total, respectivamente.

MENOS DE LO EXIGIDO

Por su parte, otro 13% de los contratos fueron para compañías que se comprometieron a crear un número de empleos inferior a los calculados como necesarios por parte de los ayuntamientos, a pesar de que a la hora de adjudicar los proyectos la normativa obligaba a primar las ofertas con mayor número de empleados; y en otro 13% de los casos la empresa incumplió el compromiso de contratación, lo que afectó a 9.460 parados que no optaron a un puesto de trabajo.

Además, mientras que el 69% de los trabajadores contratados en virtud de estos proyectos estaban ya integrados en la estructura de las empresas, sólo el 31% provenía del desempleo. Esto fue posible porque el 29% de las corporaciones locales no incluyó en los contratos esta exigencia mientras que el 21% de los ayuntamientos que sí lo hicieron no previeron penalizaciones ni posibilidad de resolver el contrato en caso de incumplimiento del compromiso de contratación.

OTRAS IRREGULARIDADES

El organismo fiscalizador también advierte de que el 9% de los parados contratados con el FEESL no constaban como inscritos en los servicios de empleo. Además, en el 17% de los proyectos, el 16% de los trabajadores acreditados como de nueva contratación llevaban contratados más de 30 días antes desde antes del inicio del proyecto, mientras que en el 5% de los proyectos el 6% de los trabajadores acreditados como parados fueron en realidad contratados tras finalizar la obra.

No obstante, el informe también señala que el 27% de los trabajadores procedentes del paro y contratados para la ejecución de las inversiones de este Fondo continuaba trabajando el 30 de junio de 2013, y un 11% de ellos lo hacía para la misma empresa que les contrató. El 10% de los trabajadores contratados en el marco de este fondo habían tenido a la empresa contratante como empleado anterior.

La media de permanencia en el paro previa a la contratación por parte de los ayuntamientos para los proyectos del Plan E fue de 408 días y el 49% de ellos eran desempleados de larga duración. Sin embargo, el 9% se habían inscrito no más de diez días antes firmar el contrato.

El organismo ya había avisado de los mismos hechos con respecto a los proyectos financiados con el Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL), otro proyecto del Plan E que se ejecutó durante 2008.

SIN PLANIFICACIÓN

El Tribunal de Cuentas afea también en su informe al Gobierno socialista de entonces que seleccionara los proyectos incluidos en el FEESL "sin una planificación adecuada" y sin un elenco de iniciativas de entre las que poder elegir en función de unos criterios previamente fijados, lo que habría "otorgado una mayor garantía de que fueran los que más empleo generaran".

De hecho, el organismo cree que más que una "valoración de alternativas" se realizó únicamente un "proceso de decisión" en el que ni los ayuntamientos primero, ni el Ministerio después primaron los objetivos establecidos a la hora de elegir a qué iniciativas destinar la financiación. Algunas corporaciones locales incluyeron en su listado incluso algunos proyectos previstos con anterioridad y que se habían quedado fuera de los Presupuestos ordinarios.

El Tribunal detecta también algunas prácticas irregulares o reprochables que se repiten en todos los informes sobre contratación, como un uso excesivo del procedimiento de adjudicación sin publicidad o con contratos menores, lo que provoca bajas respecto del presupuesto inicial menores a las que se consiguen con procedimientos abiertos; una falta de acreditación adecuada de la necesidad de la inversión o la contratación mediante varios expedientes de obras similares o complementarias cuya contratación conjunta hubiera simplificado, agilizado y abaratado el proyecto.

Además, el 29% de los ayuntamientos no utilizaron el precio como un criterio de baremación para la adjudicación de los contratos mientras que otro 14% le dio una puntuación muy baja. "Al tener asegurada la financiación, las entidades locales no mostraron un interés directo en que se produjeran bajas (en el precio)", concluye el Tribunal.

De hecho, el 39% de contratos se adjudicaron sin bajas y en el resto la baja media fue del 11% aunque se acabó reduciendo hasta el 3% por los incrementos de precio y modificados posteriores, derivados de deficiencias, modificados o retrasos, muchas veces sin justificación.

En el informe también se reprocha la exigencia de proyectos redactados antes de la firma de la encomienda, la inclusión de proyectos que no podían ser financiados con cargo al FEESL, el fraccionamiento de algunos proyectos para no superar el límite de 5 millones por contrato establecido por el Gobierno, o la cofinanciación indebida de algunas iniciativas o de sus gastos derivados, sobre los que el 59% de los ayuntamientos incurrió en "falta de previsión".

CARTELES PUBLICITARIOS

Finalmente, el Tribunal critica que aunque se obligaba a los ayuntamientos a reutilizar los carteles publicitarios de los proyectos del FEIL, que se habían utilizado pocos meses antes, casi tres de cada cuatro cartelones fueron nuevos, a pesar de que costaban prácticamente el doble que los reciclados (597 euros frente a 1.248 euros de media).

El FEESL estuvo dotado con 5.000 millones de euros que se repartieron entre 8.075 ayuntamientos, doce mancomunidades, cuatro agrupaciones de municipios, Ceuta y Melilla. En total, se adjudicaron 4.850 millones de euros para 25.262 proyectos de inversión y 5.173 actuaciones de naturaleza social.