Registran en el Congreso una iniciativa popular por una renta básica individual, universal e incondicional

La idea es que todos los ciudadanos tengan el derecho "individual, universal e incondicional" a recibir una cantidad periódica "que cubra sus necesidades básicas", fijando para ello su cuantía en el umbral de la pobreza --60% de la mediana de la distribución de los ingresos por unidad de consumo adjudicados a las personas--, lo que actualmente elevaría esta renta básica a 645,33 euros mensuales.

Para la aplicación de la medida, el Movimiento propone dos fases: primero, nada más entrar en vigor la ley, para todas las personas domiciliadas en España e inscritas en el Servicio Público de Empleo que no cobren ninguna prestación de paro ni dispongan de otros ingresos, y para aquéllos cuyas rentas (salariales, de subsidios o de pensiones) sean inferiores a la cuantía establecida, hasta alcanzarla.

En una segunda fase esta renta básica debería extenderse "como derecho universal" al resto de ciudadanos. Además, el Movimiento contra el paro y la precariedad pretende que los poderes públicos promuevan la implantación de una figura similar en todo el ámbito de la Unión Europea (UE).

"NO ES UNA UTOPÍA"

Para Isabel Franco, del Movimiento contra el Paro y la Precariedad, esta idea "no es una utopía", como demuestra que otros países como Brasil y otras regiones como Alaska, Extremadura o el País Vasco ya cuenten con rentas básicas, articuladas de diferentes maneras.

"Es cuestión de que tomemos el poder como ciudadanos y exijamos lo que necesitamos", proclama. Así, los promotores se fijan en el ejemplo del movimiento antidesahucios, que ha conseguido generalizar entre la población la idea de la dación en pago o el alquiler social, y aspiran a que a través de las mesas de recogida de firmas y otros actos puedan conseguir que la gente asuma que la renta básica "es un derecho que nos corresponde" y fomentar un debate en el que España va "muy atrasada".

En la misma línea, su compañera Lara Blas confía en que conseguirán un importante respaldo social ya que el problema del paro, la precariedad y la pobreza afecta (o puede llegar a afectar) a cualquier ciudadano. Además, niega que sea un factor que desicentivaría la búsqueda de empleo, recordando que colectivos como el juvenil o el de mayores de 55 años se han visto directamente "excluidos" del mercado laboral a pesar de que "la mayor parte de la gente quiere trabajar".

"Hay receptividad sobre este tipo de soluciones. Una renta básica como ésta permitiría a la gente elegir porque tendría solucionados ciertos pagos básicos (las facturas, la hipoteca) y ayudaría a no coger empleos precarios. Es una medida que fomenta la libertad y permite tener una vida digna", asegura la activista.

"NO PEDIMOS MENDIGAR SINO NUESTROS DERECHOS"

El Movimiento, que comenzó a funcionar el pasado mes de julio, cuenta ya con la participación de una treintena de asociaciones y agrupaciones de todo el país, así como de intelectuales como el investigador de la Universidad Complutense de Madrid Ramón Espinar, el sociólogo Jorge Moruno o la politóloga Dina Bousselham.

Tras el registro de la iniciativa, el Congreso tiene de diez a 30 días para autorizar la recogida de firmas, que se prolongará durante al menos nueve meses. "No pedimos mendigar, pedimos nuestros derechos", ha zanjado Petri Parejo, del Campamento de Unidad de Extremadura.

Hasta las puertas del Congreso se han desplazado una veintena de personas para registrar el texto. Mientras esperaban a formalizar el trámite, han coreado consignas como 'Queremos pan, trabajo y libertad', 'Renta básica, sí, sí, sí' o 'Sí se puede'.