Renfe Operadora se endeudó un 21% más de lo previsto entre 2006 y 2010 por la infrafinanciación del Estado

Así lo señala el Tribunal de Cuentas en su 'Informe de fiscalización de las relaciones económico-financieras existentes entre la entidad pública empresarial Renfe Operadora y la Administración General del Estado (AGE), ejercicios 2011-2012', que recoge Europa Press.

Dicho documento analiza de forma pormenorizada los efectos del contrato-programa 2006-2010 firmado entre ambos organismos, que preveía un endeudamiento máximo para dicho periodo de 4.560,9 millones de euros.

Sin embargo, las "restricciones presupuestarias acordadas por el Gobierno en dichos ejercicios redujeron la financiación a percibir" por la empresa, con lo que Renfe Operadora tuvo que acudir a los mercados privados y acabó el "sobrepasando" todos esos años las cuantías previstas de endeudamiento, llegando a una desviación del 20,5% en 2009 y del 27% en 2010, con un incremento total del 21%, ya que el periodo se cerró con 5.791,4 millones de euros de deuda.

ESTIMACIONES RAZONABLES

En este sentido, el organismo fiscalizador reconoce que las transferencias corrientes previstas en el contrato-programa para compensar los déficit de explotación de las distintas áreas de negocio de Renfe Operadora "se habían estimado razonablemente", y achaca por tanto las desviaciones a las restricciones presupuestarias que se aplicaron.

De hecho, al cierre de 2010 la financiación prevista y no satisfecha por la Administración General del Estado ascendía a 1.180,8 millones de euros, recursos que "fueron finalmente satisfechos con cargo a los Presupuestos de los años 2011 y 2012", según destaca el Tribunal.

No obstante, dado que el contrato programa no contenía ninguna relación sobre los "efectos que se derivarían del incumplimiento por las partes de los compromisos asumidos", la infrafinanciación del Estado no tuvo ninguna consecuencia.

SIN CONTRATO

Ésta no es la única carencia contractual que se pone de relieve en el informe, que señala que durante todo 2011 y gran parte de 2012, Renfe Operadora prestó los servicios de Obligación de Servicio Público de cercanías y media distancia en la red de interés general en nombre de Fomento sin contar con "ninguna referencia contractual" para ello, lo mismo que los servicios obligatorios de media distancia en la red convencional durante el año 2013.

Igualmente, tras el traspaso a la Generalitat de Catalunya de las funciones del Estado en relación con las Cercanías de Barcelona y el transporte regional sobre la red de ancho convencional cuyo recorrido discurra íntegramente en la región, no se firmó ningún contrato sobre la financiación de las obligaciones de servicio público por parte del Gobierno central.

Algo que debería haberse acordado, incluyendo un beneficio "simbólico" para la empresa que, sin embargo, fijó esa compensación en el 3%, con lo que el déficit se elevó a 135,8 y 120,1 millones de euros, respectivamente en 2011 y 2012.

Por otra parte, el Tribunal señala que durante 2011 y hasta el 28 de diciembre de 2012 el Estado no firmó ningún convenio con las comunidades autónomas o los ayuntamientos sobre los trayectos que deberían ser declarados obligación de servicio público en la media distancia, por lo que durante esos dos ejercicios fue la Administración central la que se hizo cargo de la totalidad del déficit.

En concreto, la subvención total percibida por Renfe Operadora fue de 452,2 y 417,2 millones de euros, en los dos años respectivamente, lo que supone una financiación media de 1,38 euros por viajero en 2011 --en Cercanías 0,79 euros por viajero y en media distancia, 9,42 euros--, cifra que se redujo al año siguiente hasta los 1,29 euros --0,73 euros en Cercanías y 9,02 euros en media distancia--.

De hecho, el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda cree que la asunción por parte del Estado de la financiación de estos déficit supuso un "desincentivo" a la firma de nuevos convenios con comunidades o ayuntamientos.

OTROS ASPECTOS

Por otra parte, el informe destaca que Renfe Operadora respetó en el periodo fiscalizado las limitaciones sobre el número de efectivos pero "no el compromiso de contener los gastos de personal", y denuncia que 24 trabajadores acogidos al expediente de regulación de empleo (ERE) no podían hacerlo por haber reingresado en la entidad procedentes de diversas situaciones.

También se critica que las actuaciones de responsabilidad social empresarial mostraron una "debilidad significativa de control interno", por lo que el Tribunal recomienda que los órganos de dirección de la entidad establecieran "directrices marco que informaran sus actuaciones de patrocinio, acompañadas de las oportunas instrucciones internas escritas que las regulen" y que "detallen los procedimientos para la evaluación, aprobación, formalización, seguimiento y control de la ejecución" así como que permitan valorar su eficacia.

El organismo fiscalizador denuncia, por otra parte, que hasta el cierre del informe Renfe Operadora no había implantado un sistema de contabilidad analítica, por lo que la determinación de los costes de cada área de actividad se sigue haciendo por "reparto de los gastos y los ingresos". Por ello, pide que ésta y todas las sociedades mercantiles que hayan segregado su actividad implanten este tipo de sistemas para poder tomar mejores decisiones de gestión.

Finalmente, se señala que los resultados de gestión presentan "notables desviaciones" respecto de las previsiones, destacando la "evolución positiva" de la Alta Velocidad de larga distancia, que alcanzó resultados positivos "un año antes de lo previsto", en 2009. Esta situación contrasta, dice el Tribunal, con el resto de áreas, que presentan una evolución negativa, "acentuada en los últimos ejercicios" analizados.