Sobreseída la causa contra tres exdirectivos del Valencia CF y José Luis Olivas por la ampliación de capital del club

Así consta en el auto de fecha 18 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el juez señala en relación al préstamo de 75 millones que Bancaja otorgó a la Fundación Valencia CF para acudir a la ampliación de capital (que ascendía a 92 millones) y hacerse con los títulos que "no existe indicio alguno de que a la cantidad recibida en concepto de préstamo se le haya dado destino distinto a aquel para el que se solicitó".

Los querellantes denunciaban que los 75 millones del préstamo de Bancaja para la ampliación de capital fueron destinados a "elevados pagos a dirigentes" que "no deberían haberse satisfecho" por el "mal estado económico" de la entidad, y se dirigían contra el expresidente y exvicepresidente del club, Manuel Llorente y Javier Gómez; el responsable de la fundación, Társilo Piles y el expresidente de Bancaja, José Luis Olivas.

Según estos socios, los dirigentes decidieron celebrar una junta general para aprobar una ampliación de capital por 92.421.780 euros "como instrumento para regularizar la situación económica" de la entidad mediante un plan de viabilidad financiera a ejecutar en un plazo de tres años. De acuerdo con la querella, el 7 de junio de 2009 se aprobó la ampliación de capital, que se realizaría ofreciendo a los socios la suscripción de las acciones correspondientes y el sobrante no vendido sería ofrecido después al público en general.

Los querellantes sostenían que los querellados --como responsables máximos del Valencia, de Bancaja y de la Fundación Valencia CF, decidieron que esta última entidad, integrada por los directivos del club, adquiriese el sobrante de acciones, para lo que convinieron en que Bancaja concedería un préstamo de 75 millones, con el aval del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), con lo que se hizo con la mayoría del capital social, cifrada en un 72,8 por ciento.

Además, alegaban que el préstamo generaba unos intereses que la fundación no tenía capacidad de pagar al no generar ningún ingreso. Por ello, sostenían que se había producido un "grave perjuicio económico" para el Valencia y sus socios.

"AVALANCHA DE ESCRITOS"

Tras la presentación de la querella, el juzgado de Instrucción decidió el 15 de julio de 2013 rechazarla y posteriormente, en el mes de noviembre la Audiencia ordenó, tras el recurso de los socios, reabrir la causa y se citó como imputados a los tres exdirectivos del club y el expresidente de la entidad bancaria. Además, también se presentó una solicitud de ampliación de querella contra el exconseller de Economía Gerardo Camps por un presunto delito de prevaricación en relación a ese aval del IVF a la operación.

En el auto, el juez destaca la "avalancha de escritos presentados, ya de por sí excesivamente confusos" en el marco de la causa y concluye que no hay indicios suficientes para concluir que se le haya dado al dinero del préstamo "destino alguno distinto al beneficio del club o diferente para el que se solicitó".

Además, sobre José Luis Olivas, dice que "se le confunde con la entidad Bancaja" y apunta que la querella contra él "no es ni más ni menos que una muestra más del desbarajuste de escritos en número y contenido, y en este caso dirigidos contra quien carecía de facultades para tomar decisión alguna relacionada con este procedimiento".

También resalta que entre esa "avalancha" de escritos se presentó la solicitud de ampliación de la querella para incluir a Gerardo Camps y advierte a los querellantes que "este procedimiento, y ni siquiera otro, puede considerarse una causa general en la que quepa todo aquello en lo que aparezca directa o indirectamente el Valencia CF SAD" e insiste en que "ninguna relación guarda con este procedimiento" su actuación.