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UGT aboga por una "pinza" entre CyL y Galicia para presionar al Gobierno contra el ERE en Tragsa

Trabajadores critican "criterios arbitrarios" a la hora de seleccionar los afectados y ven en ello "una venganza" de la empresa
El sindicato UGT en Castilla y León ha abogado este lunes por que los gobiernos de esta región y de la vecina Galicia, las dos comunidades "más afectadas" por el ERE en la empresa pública Tragsa, hagan una "pinza" para presionar al Ejecutivo central y presionar de esta forma contra esta medida.
Así lo ha defendido el secretario regional de Metal, Construcción, Afines y Federación de Industria del sindicato (MCA-UGT), Pedro Luis Hojas, quien ha formado parte de la delegación de UGT que ha visitado a los trabajadores que desde el pasado 31 de diciembre permanecen encerrados en la sede de Tragsa en Valladolid.
La delegación ha estado encabezada por el secretario general del sindicato en Castilla y León, Agustín Prieto, quien ha tachado de "despropósito" el ERE por tratarse de una empresa pública "que tiene beneficios" y que desarrolla "un trabajo importantísimo" en la Comunidad.
"No es necesario ningún despido", ha subrayado Prieto, el cual ha reclamado "que se readmita a los despedidos" y se inicie una negociación "seria y rigurosa" con los trabajadores en la que ha pedido la mediación del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, después de que la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Rosa Valdeón, se reuniera con representantes del comité de empresa y les trasladara su apoyo la pasada semana.
Por su parte, Pedro Luis Hojas ha lamentado que, a pesar de que Castilla y León es "de las que más dinero aporta a Tragsa en contratos", con cerca de 50 millones previstos este año, es "de las más afectadas" por el ERE, junto con Galicia, por lo que ha defendido un frente común entre ambas, gobernadas por el PP.
Ante esto, Hojas ha pedido a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la vallisoletana Isabel García Tejerina, que utilice la representación que su departamento tiene en el Consejo de Administración de Tragsa para revertir esta situación, así como al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, de cuya área depende la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la que pertenece esta empresa.
CRITERIOS "ARBITRARIOS"
La delegación de UGT ha estado acompañada por el presidente del Comité de Empresa de Tragsa en Castilla y León, Ángel Hernández Pinilla, quien ha criticado que se empleen "criterios arbitrarios" a la hora de seleccionar el personal afectado por los despidos, por lo que ha señalado que la elección de los nombres responde a "una venganza" de la Dirección.
Asimismo, ha acusado a la empresa de espaciar los despidos para hacer "un chantaje a los trabajadores" que aún están pendientes de su futuro y que de esta forma acepten una rebaja de sus derechos laborales.
En este sentido, ha defendido que la situación de la empresa "es muy distinta de la de 2013", cuando se adoptó el ERE, y ha advertido de que con la bolsa de horas acumuladas podría resolverse la situación "sin necesidad de despedir a nadie", tras lo que ha criticado que muchos de los ahora despedidos "tendrán que volver a ser contratados dentro de dos meses" para hacer frente a la carga de trabajo con que cuenta Tragsa, aunque "de forma eventual y con unas condiciones laborales más precarias" que las que disfrutan actualmente.
El ERE incluye la ejecución de 726 extinciones laborales de Tragsa en toda España, de las que 160, aproximadamente, corresponden a Castilla y León, con alrededor de 60 despidos ya comunicados en la Comunidad.