UGT propone establecer un suelo mínimo de gasto social de partida en cada servicio público

Esta es una de las propuestas del sindicato recogidas en el análisis comparativo entre el Programa de Estabilidad 2016-2019 y los informes del Defensor del Pueblo y la Agencia Estatal para la Evaluación de las Políticas Públicas (AEVAL) que ha realizado, en el que señala que el Gobierno "insiste en recortar los servicios públicos, negándole a la ciudadanía sus demandas sociales".

El sindicato señala que la reciente actualización del Programa de Estabilidad 2016-2019, remitido por el Gobierno en Funciones a la Unión Europea, se muestra "continuista con las políticas de recorte con los servicios públicos, tal y como queda evidenciado en las proyecciones que sobre el gasto por funciones plantea el referido programa".

Según recoge FeSP-UGT en su informe, en los próximos cuatro años, el Gobierno en Funciones planea una "minoración" de los gastos relacionados con la calidad de vida de las personas y los Servicios Públicos (en % del PIB) del 3,25%.

En la práctica, advierte de que va a suponer un "mayor deterioro en los mismos, pues las partidas presupuestarias destinadas a financiarlos se verán mermadas un ejercicio tras otro". Estos mismos recortes se prevén en Educación, con una disminución del 0,27% y en Protección Social, con una bajada del 1,17%, ambas sobre el PIB.

Por el contrario, UGT explica que, según consta en los informes oficiales, elaborados por el Defensor del Pueblo y la AEVAL, la ciudadanía exige "más y mejores servicios públicos", cuestión avalada por ambos organismos, pues aunque consideran que la situación ha mejorado ligeramente en 2015, "la realidad de los servicios públicos es manifiestamente mejorable".

PROPUESTAS PARA AUMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL.

Ante esta situaicón, FeSP-UGT realiza ocho propuestas básicas con la intención de aumentar la cohesión social por el bien común, como es la necesidad de "recuperar el discurso de lo público como esencia de la democracia, pues la calidad de la misma depende del desarrollo de los servicios públicos, así como de los ideales de igualdad distributiva y justicia social".

Asimismo, pide una política social "financieramente sostenible", estableciendo un suelo mínimo de gasto social de partida en cada servicio público, y reformar el sistema fiscal y tributario para aumentar los ingresos, basado en los principios de "suficiencia, equidad y progresividad".

De igual forma, subraya que el bienestar de la ciudadanía es un factor de competitividad, pues "contribuye a la eficiencia económica del país, ofreciendo seguridad y protección social que garantizan la cohesión social".

También reclama una ordenación de los servicios públicos desde la transparencia y el control público de su calidad, titularidad, gestión y financiación, y apuesta por exigir "coherencia, responsabilidad e implicación en la defensa de la sanidad, educación o dependencia, resaltando el espíritu del pacto constitucional en estas materias".

Por último, ve necesario poner en valor el empleo público estable y un marco de participación de los sindicatos en las políticas públicas que afecten a la calidad de vida y bienestar general.