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UPyD propone suprimir la exención fiscal para embarcaciones de alquiler y de escuelas náuticas

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) quiere suprimir la exención fiscal en el Impuesto de Matriculación de la que, desde el pasado 1 de enero, disfrutan las embarcaciones de más de quince metros de eslora dedicadas al alquiler y a las escuelas náuticas por considerarla una "ventaja fiscal" con respecto a otros buques de recreo o de deporte.
Esta exención tributaria fue incluida en la Ley de Fiscalidad Ambiental que las Cortes aprobaron el pasado mes de octubre, y en la que se modificaba la Ley de Impuestos Especiales de 1992 con el objetivo de que las embarcaciones propiedad de escuelas deportivas náuticas reconocidas oficialmente por la Dirección General de la Marina Mercante y que estén destinadas "efectiva y exclusivamente" al ejercicio de la actividad de enseñanza" no tengan que abonar el 12% del gravamen.
Los 'populares' justificaron entonces que los automóviles y los aviones destinados a la enseñanza ya están exentos de ese gravamen, por lo que no reconocer una exención similar para las embarcaciones suponía imponer una desigualdad. Ahora, UPyD aprovecha la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de Navegación Marítima para incluir entre sus diez enmiendas una proponiendo la supresión de esta exención.
ALQUILER DE EMBARCACIONES
Por lo demás, las enmiendas de la formación magenta, a las que ha tenido acceso Europa Press, se centran en introducir algunas precisiones técnicas para garantizar los derechos de los ciudadanos a la hora de alquilar una embarcación.
Así, se propone incluir la previsión de que sea "nulo" cualquier pacto sobre el estado de navegabilidad del barco, reparaciones, plazos de entrega o arrendamientos que exonere al arrendador total o parcialmente de sus obligaciones, o que "limite o restrinja total o parcialmente los derechos de las partes reconocidos por la ley".
En el caso concreto del plazo de entrega del barco en caso de alquiler, UPyD plantea además obligar al arrendatario a indemnizar al arrendador si se retrasa en la devolución de la embarcación por una cantidad igual a la acordada para los retrasos achacables al arrendador.
Además, se propone obligar a que el contrato de arrendamiento tenga que estar por escrito tanto para buques como para embarcaciones, porque "no es justificable que queden excluidas" algunas naves pero otras no; y se iguala el plazo de prescripción de un año desde la fecha de terminación del contrato o el desembarque definitivo para los contratos de arrendamiento con o sin dotación.
El partido que lidera Rosa Díez también ha presentado una enmienda de aplicación general en todo el proyecto de ley para referirse siempre a buques y embarcaciones, salvo que se diga de manera expresa, en lugar de distinguir entre ambos tipos. Según UPyD, "es más apropiado distinguir, con carácter general, los buques y embarcaciones destinados a la náutica deportiva y de recreo de los destinados a actividades comerciales, y regularlos de manera separada".