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La morosidad de las AA.PP. se ha elevado un 38% tras las elecciones autonómicas y locales de 2015, según ATA

La organización teme que la parálisis política interrumpa el funcionamiento del FLA y aumente la morosidad de las CC.AA.
La morosidad de las administraciones públicas (AA.PP.) se ha disparado un 38,6% tras las elecciones municipales autonómicas y municipales del pasado mes de mayo, en las que se produjeron cambios de color político en muchos gobiernos, y la situación de incertidumbre política a nivel nacional arroja dudas sobre la continuidad del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
Así lo ha puesto de manifiesto este lunes el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, quien ha presentado el Observatorio del Trabajo Autónomo de la organización correspondiente al último trimestre y ha enfatizado también que las administraciones tardan actualmente en pagar 10 días más de media que antes de los comicios de mayo del pasado año.
Concretamente, la deuda comercial de las AA.PP con los autónomos era en el pasado mes de mayo de 10.600 millones de euros, cifra que a finales de diciembre había escalado a los 14.700 millones. Sólo en los últimos tres meses, el periodo de pago de las administraciones ha aumentado en tres días, hasta los 86 días de media.
Los periodos de pago de la Administración Central se han mantenido estables, con 44 días, mientras que el de las comunidades autónomas ha aumentado un 3,1%, hasta los 101 días, y el de los ayuntamientos, un 6%, hasta los 71 días.
El desglose geográfico refleja que las comunidades autónomas más incumplidoras son Extremadura (165 días), Murcia (134 días), Aragón (130 días), Baleares (124 días) y Comunidad Valenciana (118 días). En el extremo opuesto se sitúan Navarra (32 días) y el País Vasco (36 días). Así, ninguna comunidad autónoma cumple los plazos legales de pago.
Desde ATA se destaca que, además del caso de Murcia, donde el periodo medio de pago ha aumentado casi un 40% en los últimos tres meses, los plazos de pago de factura se han incrementado un 25% en Extremadura y un 24% en Baleares desde septiembre.
Las otras cuatro comunidades donde se han registrado incrementos son la Comunidad Valenciana (+19,2%), Canarias (+8,2%), Aragón (+3,2%) y Cataluña (+2%). En el lado de los descensos, se encuentran Navarra (-37,3%), País Vasco (-26,5%), Asturias (-17,8%) y Comunidad de Madrid (-13,2%). Al centrar el foco, las estadísticas de ATA muestran que entre las provincias que peor pagan se encuentran Jaén (320 días), Parla (302 días), Gandía (267 días) y Algeciras (264 días).
Preguntado por la relación que pueden tener todos estos resultados con los cambios de Gobierno a nivel autonómico y municipal, Amor ha señalado que "la situación no es coyuntural" e incluso que el grueso de la deuda comercial de los ayuntamientos se ha reducido en 100 millones, hasta los 1.900 millones, desde el pasado mes de mayo.
No obstante, ha explicado que ello se debe a que los primeros en cobrar son las grandes empresas, por lo que esta reducción es compatible con el incremento global del periodo de pago. Además, ha apuntado que "hay la sensación de que se han instalado algunos gobiernos no se ha pagado ninguna factura". "Entiendo que algunos, entre que han llegado o no, han tardado en adaptarse", ha añadido.
ATA VE PELIGRAR EL FLA.
Sobre cómo puede afectar la situación de incertidumbre política a nivel local, Amor ha señalado que la preocupación de ATA se encuentra en "lo que pueda pasar con el FLA". "Mientras no haya un Gobierno estable no sabemos lo que va a pasar y como mal el asunto, la morosidad de las administraciones se incrementaría", ha añadido, para apostillar: "Espero que la estabilidad política sea de verdad y que haya mano dura en el tema".
Asimismo, ha puesto en valor que las cifras de morosidad que baraja ATA son superiores a las que maneja el Ministerio de Hacienda porque se tiene en cuenta el periodo de pago desde el momento de emisión de la factura o de la entrega de la mercancía. Hacienda, en cambio, computa desde la convalidación de la factura por parte de la Administración, lo que reduce los plazos entre unos 30 y 45 días.
EL SECTOR PRIVADO TAMPOCO CUMPLE.
Por otro lado, el informe señala también que los plazos de pago de facturas entre empresas y autónomos se sitúa en 84 días de media, por encima de los 60 días establecidos por Ley. Ello supone un día menos desde septiembre del pasado año.
Las más incumplidoras son las empresas más grandes. Las de más de 1.000 trabajadores, que a priori puede parecer que son las que más capacidad tiene para hacer frente a los pagos, son las que más tardan, con una media de 132 días, seguidas de las de entre 250 y 1.000 trabajadores (124 días), las de entre 50 y 250 (70 días) y las de entre 9 y 50 (66 días).
En conclusión, solo las transacciones entre los propios autónomos o con empresas de menos de 10 trabajadores se cumplen los periodos de pago establecidos por la Ley, con tiempos que van de los 51 a los 53 días, respectivamente. De hecho, estos periodos sólo ha descendido en las empresas de menos de 50 trabajadores durante el último trimestre.
VUELVE A HABER CIERRES Y DESPIDOS.
Finalmente, el 52,7% de los autónomos cobra sus facturas en menos de 90 días, el 33,4% entre 91 y 180 días, y el 13,9% tarda más de seis meses en cobrar. Ante estas cifras, el presidente de ATA ha alertado de que "hay autónomos que se vuelven a ver obligados a cerrar y a despedir empleados", cosa que, según ATA, se había dejado de ver con tanta asiduidad en los últimos dos años. "Parecía una cosa del pasado, pero vuelve al presente", ha dicho,
Por ello, ha alertado de que "para que haya emprendimiento tiene que haber un entorno muy tranquilo". "Queremos que se cumpla la ley y la regeneración de la que se les llena a todos loa boca es que se cumpla la ley", ha añadido.
Dicho esto, ha reiterado que es preciso establecer un régimen sancionador para que las administraciones que incumplen los periodos de pago legales paguen por ello y un buzón en el Ministerio de Hacienda para poder denunciar a los morosos, así como que las facturas pagadas fuera de plazo incluyan un recargo.