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La mayoría de empresas públicas han mantenido los sueldos de sus directivos mejorando la parte variable

La mayoría de las entidades del sector público empresarial no financiero ha mantenido el nivel retributivo de sus directivos y altos cargos creando o mejorando la parte variable de sus salarios, en aras a cumplir con los límites marcados por la normativa aprobada por Hacienda en 2012.
Así consta en el 'Informe de fiscalización de la ejecución de las distintas medidas destinadas a la racionalización y reordenación del sector público empresarial estatal no financiero, adoptadas en los ejercicios 2012 y 2013' realizado por el Tribunal de Cuentas y que recoge Europa Press.
En dicho documento se recuerda que diferentes disposiciones normativas aprobadas a lo largo de 2012 establecieron un nuevo régimen retributivo de los máximos responsables y directivos del sector público empresarial, fijando cuantías máximas de retribución y conceptos retributivos (sueldo base, complemento de puesto y complemento variable).
Sin embargo, a lo hora de aplicar estos límites "la mayoría de las entidades han tendido" a llevar la retribución fija hasta el máximo permitido y a establecer complementos variables para que el sueldo total de sus máximos dirigentes cumplieran con el nuevo régimen establecido.
MEDIO MILLÓN DE EUROS MENOS
De hecho, aunque el número total de máximos responsables o altos directivos en estas empresas se redujo casi a la mitad en el periodo fiscalizado, pasando de 604 a 349, las remuneraciones totales a estas personas apenas variaron desde los 40,26 millones de euros en 2012 a los 39,72 millones en 2013.
Junto a los límites retributivos para las cúpulas directivas de las empresas públicas no financieras, el Gobierno también fijó topes para el número de miembros de los consejos de administración de las diferentes organizaciones y para las dietas que podían cobrar por asistir a las reuniones.
Así, el informe señala que el número total de miembros de consejos de administración se redujo en 196 (-20%), pasando de 982 a 786, mientras que el importe de las dietas cayó un 28% (1,78 millones) al pasar de 6,4 a 4,6 millones de euros.
Sin embargo, el organismo fiscalizador asegura que de las cinco entidades que tenían que reducir el número de consejeros sólo dos lo han hecho, y además quince sociedades aumentaron los miembros de su consejo de administración, aunque dentro de los límites permitidos.
MENOS ENTIDADES PÚBLICAS
No obstante, el informe reconoce que entre 2012 y 2013 el número de entidades del sector público empresarial estatal no financiero se redujo en 23 (-11%), pasando de 206 a finales de 2011 a 183 dos años más tarde. En total, en el periodo analizado hubo 31 bajas y ocho altas de nuevas entidades.
Esta variación afectó principalmente a las sociedades mercantiles y, en menor medida, a empresas públicas y consorcios. Además, se eliminaron organismos dependientes de todos los ministerios salvo Educación, Cultura y Deporte, y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La eliminación de organismos públicos también afectó a las plantillas. Así, el departamento que preside Ramón Álvarez de Miranda señala que durante el periodo fiscalizado una quincena de entidades tenían en ejecución procedimientos de despido colectivo que afectó a 2.598 trabajadores con un coste total de 365,56 millones de euros.
El procedimiento más costoso por empleado fue el de Hulleras del Norte, S.A., aunque el que afectó a más trabajadores fue el efectuado dentro del Grupo AENA.
Con todo esto, los gastos de personal de las sociedades fiscalizadas se redujeron un 5,4% durante 2012 y 2013, según el informe, pasando de 255,32 millones a 241,5 millones de euros. En paralelo, los gastos por servicios exteriores se incrementaron un 3,6%, fundamentalmente por la fusión de sociedades.
Finalmente, el Tribunal de Cuentas critica que sólo el 15% de las entidades del sector público empresarial estatal con órgano colegiado contaba con una presencia equilibrada de hombres y mujeres en su consejo de administración, mientras en el 21% de los castos sólo había hombres. Y cuatro entidades fiscalizadas con más de 250 empleados no cumplían la normativa al no contar con un plan de igualdad aprobado.