Los sindicatos convocan movilizaciones contra la reforma constitucional

Tras mantener una reunión con el Sindicato de Estudiantes de España, 'Plataforma 2015 Y +', Consejo de la Juventud, 'Paz Ahora' y Coordinadora de ONG's de España, los dirigentes de CCOO, Ramón Gorriz, y de UGT, Toni Ferrer, han anunciado que también convocarán una manifestación en Madrid para el 6 de septiembre, víspera de la fecha prevista para el debate de la norma en el Senado.

Los dirigentes sindicales han calificado el acuerdo PP-PSOE de "muy grave", pues con esta reforma, dicen, se pone en riesgo el tejido social español, además de haberse planteado de una forma "inaceptable". "Con esa actitud se pillan números para generar el conflicto social", ha advertido Gorriz.

Los representantes de CC.OO. y UGT han insistido en que es una decisión "precipitada", tomada con "nocturnidad y alevosía" y en la que "se ha hurtado" la participación de la ciudadanía.

El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ha advertido de que esta reforma constitucional "es un paso más de la deriva de recortes sociales y laborales" emprendida por el Gobierno, y ha señalado que, con los cambios en la Carta Magna, "se pretende dejar amarrado para el futuro el recorte del Estado del Bienestar".

El objetivo de estas protestas es conseguir que los Grupos Parlamentarios se opongan a la reforma y, en caso de que se apruebe, que se convoque un referéndum para que la ciudadanía pueda dar su opinión.

Ferrer ha recalcado el respeto de los sindicatos por la "autonomía" de diputados y senadores, pero ha incidido en que los ciudadanos tendrán muy presente qué formaciones han apoyado la reforma negando el referéndum.

"El conflicto está ahí, y es difícil prever qué consecuencias se van a producir", ha advertido Ferrer, que ha añadido que con la reforma de la Carta Magna "se pretende dejar amarrado para el futuro el recorte del Estado del Bienestar.

A su juicio, la reducción de déficit que se plantea sólo es posible si se deteriora el tejido social y se "atacan los intereses de trabajadores, jóvenes y mujeres". Además, plantea, según Ferrer, una grave limitación al autogobierno en el conjunto del país y constituirá "una amenaza permanente para prestaciones e instituciones".