Almunia no ve problemas en la participación del Estado en Iberdrola tras la nacionalización de Bankia

"Si la participación del Estado español no es dominante o las empresas conservan poder de decisión autónomo, no se plantea ningún problema en virtud de las normas sobre concentraciones", ha asegurado Almunia en una respuesta parlamentaria al eurodiputado de CiU Ramón Tremosa.

Tremosa recuerda que el 5,37% de las acciones de BFA-Bankia en Ibedrola tras su nacionalización "ha pasado a ser propiedad del Estado español", que ya controla a través de la SEPI el 20% de Red Eléctrica y el 5% de Enegás, y ha advertido de que si el Gobierno finalmente nacionaliza Nova Galicia y Catalunya Caixa "pasaría a controlar también el 8% de Sacyr, que a su vez controla el 10% de Repsol" y la petrolera a su vez "controla el 30% de Gas Natural".

El eurodiputado catalán ha preguntado al Ejecutivo comunitario si las participaciones del Gobierno español en empresas del sector energético actuales y futuras "pueden significar un obstáculo a la competencia en el sector energético" y le ha pedido que clarifique si el Gobierno no "debería liquidar parte de las participaciones que controla directamente en el sector energético".

Respecto a la posibilidad de proceder a liquidaciones, Almunia ha reconocido que "si se constata que la concentración obstaculiza significativamente la competencia efectiva, puede se necesario tomar medidas correctoras que pueden incluir las cesiones para hacer que la operación sea compatible con el mercado común".

El vicepresidente del Ejecutivo comunitario y responsable de Competencia admite que "si el Estado español ha adquirido el control" y "las empresas no retinen poder de decisión autónomo" dichas adquisiciones pueden requerir su "notificación obligatoria" a Bruselas.

Almunia ha recordado que para el Ejecutivo comunitario exige que en todo proceso de reestructuración bancaria "contar con un plan creíble para volver a la viabilidad", "reducir los costes para el Estado al mínimo necesario", "garantizar un adecuado reparto de las cargas" y "limitar el impacto negativo sobre la competencia".

Con el objetivo de reducir costes para el Estado, "la Comisión considera positivamente toda medida que obtenga capital de inversores privados a través de, por ejemplo, el refuerzo del capital de la entidad por parte de sus actuales acreedores, o que movilice recursos internos del banco, por ejemplo, las cesiones de activos con un valor de mercado superior al valor contable".